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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Este día, comunidades y organizaciones sociales se pronunciaron en apoyo al padre Miguel Vásquez, reconocido guía espiritual en el municipio de Arcatao, Chalatenango.
El pronunciamiento de CRIPDES y CCR fue enfático en el rechazo a las expresiones de odio, actos de intimidación y amenazas de violencia que está recibiendo el párroco de la Iglesia San Bartolomé Apóstol, por las denuncias que ha hecho en defensa de la población.
“El padre Miguel es comúnmente conocido por sus feligreses, como pilar fundamental de la comunidad de Arcatao desde la década de los 80 y un referente espiritual y moral que desde su posición como párroco promueve el desarrollo de comunidades saludables, organizadas y pensantes”, cita el texto del comunicado.
La Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) y la Asociación de Comunidades para el Desarrollo de Chalatenango (CCR) hizo un llamado a la solidaridad con el sacerdote jesuita, Miguel Vásquez. Además de una muestra de apoyo, es también una denuncia ante las autoridades de Gobierno, al pueblo salvadoreño y la comunidad internacional sobre la situación de amenazas al religioso.
“Desde finales del año 2020 el padre Miguel ha denunciado el acoso que sufren las comunidades por parte de los efectivos militares destacados en los municipios de Nueva Trinidad y Arcatao, con la excusa de prevenir el tráfico transfronterizo por causa de la pandemia COVID-19”, señalan las históricas organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad.
“Asimismo, ha hecho eco a las denuncias contra los militarización de estos municipios y sus acciones que violan el derecho a la movibilidad de las comunidades de los salvadoreños que viven en los exbolsones ubicados en Honduras, estas comunidades dependen del cruce de la frontera para el comercio y acceso a servicios básicos”, detallaron.
Con la reciente campaña electoral para elegir una nueva legislatura y gobiernos municipales, en febrero del presente año, el padre Miguel denunció un sinnúmero de irregularidades que se dieron en el municipio de Arcatao, en su proceso electoral.
Así también, hizo señalamientos sobre la falta de idoneidad moral del candidato por el partido oficial Nuevas Ideas, cuando documentaron que hubo “compra y venta de votos” por parte de compatriotas quienes residente en el exterior y son financistas del partido del presidente de la República, Nayib Bukele.
“El padre Miguel hizo un llamado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a investigar irregularidades en la campaña local de Arcatao, que el partido de Nuevas Ideas ganó por un voto de margen. Pidió, además, la investigación de las denuncias de compra venta de votos; las fuentes de financiamiento de la campaña y porqué los efectivos militares no permitieron que los salvadoreños que viven en los bolsones transfronterizos no pudieran ejercer su derecho al sufragio, así también que se castiguen las violaciones al Código Electoral”, recordaron.
Por su pastoral de solidaridad con las comunidades y la denuncia ciudadana, el padre Miguel se encuentra actualmente expuesto a una variedad de ataques y cuestionamientos por “individuos con trayectoria política cuestionable”, afirmaron los representantes de CRIPDES y CCR, al contextualizar que estas personas se amparan a la fortalecida “política de odio” que se promueve en el país.
“Como organizaciones sociales nos preocupa el ataque sistemático a la institucionalidad democrática y el potencial de violencia política que actualmente se manifiesta en las comunidades de Arcatao y Nueva Trinidad. Estamos alerta ante la escalada de violencia política en nuestras comunidades, hacemos un llamado a que las autoridades correspondientes garanticen la integridad física y moral del padre Miguel”, indicaron.
Asimismo, demandaron también una investigación seria sobre las irregularidades del proceso electoral en Arcatao y todas las expresiones de violencia contra los liderazgos sociales, a fin de garantizar las libertades constitucionales de la población salvadoreña.
“A las instituciones de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, les pedimos monitorear la situación post electoral de El Salvador, y activar mecanismos de protección y denuncia ante cualquier violación de derechos humanos. A las organizaciones de la sociedad civil y organizaciones solidarias hermanas a nivel nacional e internacional, a ejercer un papel de vigilancia activa, defender la institucionalidad democrática y denunciar todo acto de corrupción política y violaciones de derechos humanos en El Salvador”, puntualizaron.
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