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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“La FAO ha estimado que 1.04 millones de personas en El Salvador, sufrirán una crisis alimentaria entre junio y agosto de este año, especialmente en los municipios que están en el Corredor Seco”, dijo Adela Bonilla de RACDES, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, que la integran 19 organizaciones y redes a nivel nacional, presentó su posicionamiento público ante lo que consideraron una situación de incertidumbre para la población rural que cultivan granos básicos en el territorio nacional.
¿Qué es un corredor seco? El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) ha definido que esta es un área geográfica que tiene condiciones climáticas “particulares”, como escasas lluvias y condiciones que hacen difícil la producción agrícola. En esta situación se han identificado 62 municipios entre la zona central y oriental del país. Lo que genera “sequías recurrentes y severas”, en un contexto de Cambio Climático, eleva de manera alarmante la seguridad alimentaria de la población.
A esta situación, se suma que en los centros de distribución para entregar los paquetes agrícolas además de desorganizada se entregaron menos insumos en relación a los años 2019 y 2020. De los 400,000 paquetes para sembrar maíz, se registraron 22 mil paquetes menos. Y de los 168,000 paquetes para sembrar frijol, 21,000 paquetes faltaron.
“El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) declaró “urgencia” para comprar 18 millones de paquetes agrícolas con la que realizaron compras directas, aduciendo desfases en los tiempos, para la exoneración del IVA, una situación sin precedentes”.
“Durante el año 2020 se incrementó la importación de alimentos en detrimento a los productores y productoras nacionales. Dichas importaciones ha subido en un 32 % desde México en un año 61 millones de dólares más que en el año 2019, lo que termina afectando las condiciones de venta de granos básicos a minoristas nacionales. Y con esos contratos opacos a empresas públicamente cuestionadas a nivel internacional”, reveló.
En cuanto a la temporada agrícola (2021-2022), Bonilla agregó que se hace difícil para la población campesina no contar con información clara y oportuna sobre el aviso para iniciar las siembras en diferentes regiones del país. Entre la pérdida constante de institucionalidad, la falta de la participación ciudadana y transparencia del exministro y actual viceministro del MAG, Pablo Anliker.
“Ni el Ministerio de Agricultura (MAG) ni de Medio Ambiente (MARN), han dicho qué condiciones climáticas existirán para este año en El Salvador”, dijo Adalberto Blanco, de FECORACEN, también integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, a semanas que inicie la temporada de lluvias y el ciclo agrícola, y demandó un informe técnico y oportuno para evitar pérdidas en los cultivos.
“Nosotros solo sabemos por organismos regionales como el SICA, sobre las condiciones climáticas. Sabemos que habrá tormentas tropicales y huracanes, sin embargo, con menor intensidad y una alta posibilidad de una canícula a finales de junio y principios de julio, con una duración extensa que afectará a los cultivos, pero, aún no tenemos declaraciones de funcionarios del MAG y el MARN sobre estas condiciones”, explicó Blanco.
El Informe Mundial de Crisis Alimentaria 2021, que presentó la Red Mundial contra Crisis Alimentaria, de la que forma parte el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), da cuenta, que: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, tendrán 7.7 millones de personas en crisis alimentaria. En donde, El Salvador reportó a 684,000 personas en condición de crisis alimentaria, de los cuales 95,000 estaban en emergencia durante el período de noviembre de 2020 a febrero de 2021. (Inf. SICA).
“La FAO señaló que el millón de salvadoreños y salvadoreñas que se verán afectados por la inseguridad alimentaria será entre junio a julio, que es cuando empiezan los cultivos y se acaban las reservas de alimentos que tiene la población”.
“Asimismo, en este mes también, culmina el trabajo en los cañales y cafetales o sea la venta de mano de obra y en la medida que va reduciendo esos trabajos agrícolas la gente se queda sin ingresos que provoca menor ingesta de alimentos. A esto se suma los daños de las tormentas tropicales y huracanes del año pasado que limitó la posibilidad de reserva de alimentos y el tema del COVID-19, que no permitió movilidad en el campo”, sostuvo Blanco.
“Aquí lo fundamental es la protección de los derechos humanos de la población”, reiteró Luis González, de la UNES y de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, al señalar que el Estado salvadoreño debe garantizar la vida, la salud y la integridad física de la población.
“Obviamente, no se puede tener una vida digna sin agua en calidad y cantidad y sin alimentación; entonces, el reconocimiento en la Constitución o el desarrollo de políticas públicas específicas como las leyes de Agua y Soberanía Alimentaria, para responder a esos derechos. Hay una grave crisis ambiental en el país que impacta el acceso al agua y alimentación, lo ideal sería un Estado brindando programas, proyectos, planes y políticas públicas, encaminadas a resolver esta crisis”, manifestó González.
Como Mesa por la Soberanía Alimentaria exhortaron al gobierno del presidente Nayib Bukele, un Plan de Contingencia ante los posibles daños climáticos, como seguros para cultivos, créditos accesibles y asistencia técnica a productores y productoras. Y reactivar las comisiones departamentales, municipales y comunales de Protección Civil, por la estación lluviosa.
Mientras al órgano Legislativo, reiteraron la ratificación a las reformas constitucionales a los derechos humanos del agua y alimentación adecuada, así como aprobar la Ley General de Aguas y Saneamiento, incluyendo los puntos no negociables que establecieron las organizaciones sociales.
