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Tomado de Carta Económica
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1.Antecedentes
Cuando se aprobó la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones, nurse el 20 de diciembre de 1996, ampoule el Estado contrajo el compromiso de trasladarles a las empresas privadas que lo administrarían (Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-) las cotizaciones acumuladas en el ISSS y en el INPEP, viagra por los trabajadores que se trasladaran al nuevo sistema. Los trabajadores no son dueños de esas cotizaciones, por consiguiente, resulta inconstitucional que el Estado pague los Certificados de Traspaso, que son el instrumento financiero que se utiliza para ese fin, ellos cotizaron a un fondo del Estado que no les reconocía ningún derecho sobre sus cotizaciones, sino el derecho a pensionarse una vez cumplidas las condiciones de ley, sin hacer referencia a los montos cotizados, pero las regulaciones de las pensiones las cambió la Asamblea Legislativa. Esto es así, porque el artículo 228 de la Constitución de la República, establece que solo pueden comprometerse fondos de ejercicios futuros para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública.
La decisión anterior, de contraer esa obligación, tuvo como consecuencia que el Estado asumiera el pago de las pensiones de quienes ya eran pensionados y de quienes seguían en el sistema público pero próximos a pensionarse; una decisión totalmente absurda, si no es que entraña conductas al menos poco éticas y a lo mejor también corruptas, porque eso equivalió a socializar las pérdidas con el pueblo y privatizar las utilidades en favor, ahora, del gran capital financiero transnacional; en la gráfica siguiente se puede observar que la proporción de pensionados que dependen del presupuesto nacional, o sea, de los impuestos que paga el pueblo salvadoreño, es cinco veces mayor (87%) en relación a los pensionados que dependen de las cotizaciones en poder del sistema privado de pensiones:
Pero la gravedad de lo anterior se termina de aclarar al graficar la gran desproporción de las cotizaciones que reciben ambos sistemas, comparadas con los beneficiarios de las pensiones de los mismos, quedando de nuevo establecido el abuso corrupto que se dio en esa decisión de privatización, como ha sucedido en todas las privatizaciones. En resumen, mientras en el sistema público reciben pensión el 87% del total de pensionados, este sistema sólo recibe el 5% de las cotizaciones que captan ambos sistemas. Por otra parte, el sistema privado sólo paga pensiones al 17% de los pensionados totales del país y recibe el 95% de las cotizaciones de ambos sistemas.
A parte de lo anterior (y para demostrar más lo absurdo del sistema privado de pensiones, así como el juego sucio que le hicieron al Estado y al pueblo) los privatizadores neoliberales comprometieron al Estado a pagar una deuda por un total de 24,043.97 millones de dólares entre los años 2003 y 2067 (ver Banco Mundial, Republic of El Salvador Public Expenditure Review, June 30, 2004. Central America Department, Latin American and Caribbean Region), este compromiso es totalmente impagable y las obligaciones referidas tienen al Ministerio de Hacienda en graves problemas financieros y se corre el riesgo de que las pensiones no puedan pagarse debido a la iliquidez e insolvencia del Estado para volver efectivos los traspasos. En una palabra, el sistema de pensiones privatizado en El Salvador corre riesgos crecientes de colapsar.
Es de tal magnitud este problema que el gobierno ha recurrido desde 2006 a financiar el pago de pensiones del sistema público con las cotizaciones del sistema privado, por medio de obligar a los fondos de pensiones a que inviertan en títulos valores del gobierno de baja rentabilidad, convirtiendo de hecho a los dos sistemas en un sistema de capitalización colectiva, en el cual tiene participación la empresa privada, con jugosas utilidades, situación que antes no existía.
2. Obligaciones monetizadas
Desde las privatización de las pensiones y a lo largo de los años, las principales reformas a la Ley SAP fueron las que se muestran a continuación (pero es importante entender que su efecto neto fue obligar al Estado a complementar el pago de pensiones otorgadas por las AFP, de modo que las pensiones que paguen se equiparen a las que se hubieran recibido en los antiguos sistemas públicos):
• 13 DE DICIEMBRE DEL 2001 (Decreto 664): Modificación a la forma de pago de los Certificados de Traspaso (de efectivo a plazo de 15 años, TIBP 180 días).
• 11 DE ABRIL DEL 2003 (Decreto 1217): Se crea la figura de Certificado de Traspaso Complementario (para equiparar pensiones de vejez del sistema privado a las que se hubieran recibido en el sistema público.
• 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2006 (Decreto 100): Modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales por medio de CIP (FOP) (volviendo vitalicias las pensiones y equiparadas a las que se hubieran recibido en el antiguo sistema público; además se deroga el anterior Decreto 1217 de los Certificados de Traspaso Complementario). También se elimina la obligación de invertir un mínimo de los recursos de los Fondos de Pensiones en títulos valores emitidos por el FSV.
Es importante ver que el compromiso del Estado de pagar una deuda por un total de $24,043.97 millones de dólares entre los años 2003 y 2067 se adquirió sin considerar intereses, pensando que se podía pagar este compromiso de los ingresos corrientes del Estado o, dado el grado de irresponsabilidad de los que diseñaron el sistema, no se dieron cuenta que el Estado no tenía capacidad para adquirir ese compromiso, además de que era innecesario si se mantenía el anterior sistema de pensiones.
El hecho es que está registrado que al principio se pagaron los traspasos (en los años 1999 y 2000) utilizando las reservas técnicas del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Ya en el año 2001 el gobierno de turno se dio cuenta de la incapacidad financiera que tenía para pretender pagar este compromiso anual; porque en los primeros años erosionaron las reservas técnicas del ISSS y, de la caja central era inviable, así que optan, el 13 de diciembre del 2001 por aprobar el Decreto 664: Modificación a la forma de pago de los Certificados de Traspaso (de efectivo a plazo de 15 años, TIBP 180 días). Acá se profundiza la trampa de la deuda del Estado, debido a que este se ve obligado a monetizar la deuda de pensiones.
El problema con los bonos, que se comienzan a emitir a partir del año 2002, es que estos tenían que ir a aprobación de la Asamblea Legislativa y, en tanto, el FMLN comienza a denunciar el problema del endeudamiento público y a condicionar su incremento. El 13 de septiembre del 2006 se crea el Decreto 100, que establece una nueva modalidad de financiamiento de obligaciones previsionales por medio de la creación del fideicomiso, que le da vida a los CIP (FOP). A partir de este decreto, los valores emitidos para cubrir los traspasos de los fondos de pensiones CIP, se vuelven inconstitucionales, dado que estos no llegan para su aprobación a la Asamblea Legislativa, lo cual pone en alto riesgo los fondos de pensiones de los cotizantes, pues estos valores no tienen la garantía del Estado, son simples papeles; y el Estado ha estado inconstitucionalmente emitiendo deuda.
3. Obligaciones a monetizar en el futuro
Los montos de deuda por traspaso que tendría que monetizarse, en una proyección hasta el año 2030, según la SSF, son los siguientes:
PROYECCIONES DE DEUDA PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES
DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES
(En millones de dólares)
La situación analizada de la nueva acumulación de deuda que año con año trae el Sistema de Pensiones al gobierno, y la incapacidad financiera de las arcas públicas para hacerle frente, no termina de estar completo si no incorporamos lo que es el servicio que esta deuda nueva monetizada genera y generará en los próximos años.
En el año 2012, como se puede constatar en el cuadro siguiente, el pago de intereses y amortización de principal, totaliza 88.2 millones de dólares, costo que, ya para el 2014, llega a US$ 132.7 millones, y así el crecimiento se dispara anualmente hasta llegar a representar 1,018.3 millones de dólares solo para el año 2030. El gasto fiscal acumulado en el período 2012-2030 totalizaría 9,291.4 millones de dólares. Los valores acumulados CIP A y B al 2030 serían 10,608.2 millones de dólares, más la deuda remanente que, según el compromiso que hizo el gobierno de Calderón Sol, entre el año 2030 y 2067 sería de 8,818 millones de dólares, es decir, la deuda con el Fondo de Pensiones sería, en el año 2030, de 19,426.2 millones de dólares. Esto habiendo pagado ya por servicio de esta deuda 9,291.4 millones de dólares. El monto de deuda contraído cuando se privatizaron las pensiones totalizaba 24,043 millones de dólares. Como vemos, al 2030 esta deuda solo se habría reducido en US$ 4,416 millones, no obstante el Estado habría pagado por servicio de esta US$ 9,664.1 millones. La Superintendencia del Sistema Financiero ha estimado que la deuda previsional a valor presente es superior a los $24,000 millones de dólares.
Este panorama del Costo Fiscal de la Deuda Previsional, descansa en una tasa de interés libor inferior al 1% a diciembre del año 2011, resultado (esta baja tasa de interés) de la política económica de la FED de los Estados Unidos de Norteamérica de manipular la tasa de interés interbancaria hasta los niveles de 0.25%; esta situación, para el año 2014 en adelante, cambiará y el incremento de las tasas de interés de la FED retomaran una tendencia hacia tasas normales que se proyecta llegarán entre el 3%, 4% ó hasta el 5% entre los años 2014 y 2015, lo anterior como resultado de las proyecciones de recuperación de la economía norteamericana. Esta nueva situación del costo del dinero en los mercados financieros de los Estados Unidos disparará la Tasa Libor a niveles normales; así, en el mes de diciembre del año 2006 la Tasa Libor fue de 5.3951 y la tasa de rendimiento CIP 6.12%.
En esta perspectiva, el costo financiero solo por intereses de la deuda previsional, podrá doblarse, triplicarse o hasta cuadruplicarse, como ya se proyecta le sucederá a la deuda del Estado norteamericano; de ser así, por ejemplo, solo el costo de intereses pasará de 69.3 millones de dólares en el año 2014 a posiblemente 154 millones de dólares (con una taza del 3%), en una proyección que al año 2018 podría llegar el pago de intereses de esta deuda previsional hasta los 400 ó 600 millones de dólares. El servicio total de esta deuda estaría entre los 520 y los 720 millones de dólares anuales, para el mismo año; sin duda un costo financiero insostenible para el gobierno.
Esto le llevaría al sistema neoliberal del Fondo de Pensiones una alta rentabilidad y los pensionados de altos ingresos tendrían un incremento en sus pensiones, aunque a la inmensa mayoría, por tener unos fondos de pensiones bajos, sus incrementos por utilidades no los sacarían de las condiciones de pobreza en que viven. El contrapeso de esto es un Estado financieramente incapaz de pagar ese servicio de la deuda, lo que deja más claro la amenaza de quiebra del sistema de pensiones actual, a menos que el Estado elimine los servicios sociales de salud, educación, etc., para atender el sistema de pensiones que, como ya vimos, solo atiende a un reducido número de trabajadores en el país. Con estos argumentos se refuerza la urgente necesidad de desprivatizar el sistema de pensiones vigente y rediseñarlo a un Sistema de Capitalización Colectiva Solidario, como se propone en la parte final de este documento.
El costo de las pensiones en el año 2030 andaría en un rango de pago de intereses de entre 987.2 y 1,480.8 millones de dólares, lo que llevaría a un pago de servicio de la deuda total (intereses más principal) de entre 1,511.8 y 2,005.4 millones de dólares, lo anterior estimando un pago de intereses de la deuda de entre 3% y 5%, que podría ser mayor.
En fin, como podemos ver, el círculo vicioso de deuda del actual sistema de pensiones es insostenible y absurdo, dado que solo sirve, como ya demostramos, para que las AFP y las Compañías de Seguros, es decir, los dos bancos transnacionales que las poseen, sigan acumulando las altas y especulativas tasas de utilidades.
Por lo tanto, sólo la desprivatización total de este sistema de pensiones, protegiendo 100% los intereses de los trabajadores y pensionados, es la alternativa coherente para el país, cualquier otra salida, ya sea remendar lo que se tiene o crear un sistema mixto, lo único que podría lograr, es darle un respiro temporal al problema fiscal del Gobierno, pero a costa de los trabajadores.
