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Tomado de Carta Económica
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Es indiscutible que hay un consenso básico sobre la crisis del Sistema de Ahorro para Pensiones, sickness todos los que hasta hoy han opinado sobre este asunto concuerdan en que es necesario hacer reformas al respecto. Las diferencias están en señalar las causas que dieron origen a esta crisis y en las soluciones para superarla.
Los promotores del Sistema de Ahorro para Pensiones, decease se empeñan en señalar que la crisis la ha generado el sistema de reparto, cialis porque se quedó sin reservas para hacerle frente a la obligación de pagar las pensiones de quienes ya estaban pensionados y de las personas que se pensionarían en el futuro. Estas afirmaciones denotan ignorancia crasa de lo que debe entenderse por un sistema de reparto o el ocultamiento de intereses obscuros. De hecho, esta última aseveración es la dominante, se privatizó en la lógica del neoliberalismo perverso para convertir en un lucroso negocio del capital privado, los ahorros que con tanto sufrimiento hace la clase trabajadora en una situación de pobreza y además de salarios de hambre, que son los que siempre han imperado en el país.
En sí, la privatización convirtió a las pensiones en mercancías, en el sentido que el salario que reciben las personas es resultado de haber transformado su trabajo en producto cuando éste es comprado por el capitalista, es así que del valor generado por la fuerza de trabajo los individuos que laboran reciben una parte y el empresario se queda con el resto como plusvalía, es decir, se concreta la explotación; ahora resulta que de ese fondo de salario que recibe el trabajador, por ley le sustrae (de su sueldo) una parte para una pensión, pero al hacer esto al trabajador le está quitando un fragmento de su trabajo remunerado, el cual se convierte en una plusvalía para el capital financiero, o sea, el capitalista dueño de la AFP y de la ASEGURADORA; esta privatización además se da sin costo alguno para el pudiente dueño del capital financiero, pero sí con ganancias extraordinarias como analizaremos posteriormente, que podemos decir llegan a un nivel que puede calificarse de especulación. Esta privatización de los ahorros de los trabajadores, se hizo al igual como se privatizó ANTEL, la RAZA, CAESS, LOS INGENIOS DE AZÚCAR, EL COMERCIO EXTERIOR DEL CAFÉ, etc., para enriquecer más a los ricos, lo que incluye capitales transnacionales.
En los sistemas de reparto (de capitalización colectiva), las cotizaciones de los trabajadores y patronos se destinan a un fondo común, con el que se pagan las pensiones. El éxito de un sistema de reparto consiste en que los trabajadores activos aportarán las cotizaciones suficientes para sufragar las pensiones a los afiliados que han adquirido el derecho a obtenerlas.
En una sociedad en donde la mayor parte de la fuerza de trabajo es joven, y cuente con oportunidades de trabajo, el éxito del sistema de reparto está asegurado, porque los cotizantes activos serán siempre en mayor número que los pensionados, y sus salarios siempre serán mayores que los devengados por esos que ahora están pensionados.
En nuestro país, cuando se implementó el sistema de ahorro para pensiones se permitió que las personas que no habían cumplido 35 años de edad pasaran a cotizar a ese sistema de pensiones; como la población de El Salvador es mayoritariamente joven, prácticamente se dejó sin cotizantes al sistema de reparto; obviamente, sin recursos para poder pagar las prestaciones de los pensionados de ese momento y los futuros.
Por otra parte, decir que el sistema de reparto se quedó sin reservas equivale a señalar que quienes implantaron el sistema de ahorro para pensiones, tenían intereses que no era precisamente hacer un sistema de pensiones eficiente, sino como ya mencionamos convertir las pensiones en una mercancía un negocio más para el capital privado.
La verdad es que los promotores del sistema de ahorro para pensiones, además de lo antes comentando, crearon toda una estructura de mentiras como las siguientes:
1.Primera mentira: Que el sistema de reparto estaba quebrado, por consiguiente hay que sustituirlo.
Esta afirmación supone que hay una admisión tácita de que los administradores de ese sistema hicieron mal uso de los recursos de los trabajadores, porque eran empresarios privados los que estaban al frente de la conducción del gobierno y por sí mismos se proclamaban exitosos en la administración de sus empresas, pero nunca hicieron algo por investigar el supuesto mal uso de las cotizaciones de los trabajadores.
Los promotores de la privatización de los sistemas de pensiones y sus actuales beneficiados, como ASAFONDOS, sostuvieron y aún lo hacen, que el INPEP era una institución quebrada, por consiguiente, que no tenía la capacidad financiera para soportar el pago de los beneficios a los pensionados, pero los hechos demuestran otra realidad.
A pesar de que el gobierno de Calderón Sol (1994/1999) inició con los despidos masivos de empleados públicos, lo cual disminuyó el número de cotizantes al INPEP y consecuentemente aumentó el número de pensionados, los estados financieros de esa institución, correspondientes a los últimos cuatro años antes de iniciar el nuevo sistema de pensiones, presentan resultados económicos favorables, es decir, los ingresos eran superiores a los costos, como se podrá observar en el cuadro siguiente en el numeral 7:
En el Cuadro anterior, en primer lugar, podemos ver que la relación entre ingresos por cotizaciones y el pago de pensiones, entre los años 1994 y 1997, se da un déficit que tiende a disminuir, la razón de este déficit es el resultado del despido masivo de empleados públicos que hizo el Gobierno de ARENA bajo la administración de Calderón Sol, lo que ocasionó que muchos de los despedidos se jubilaran, y por lo tanto, dejaron de cotizar eso se marca más entre 1994-1995, luego este déficit tiende a reducirse. No obstante esta situación el Sistema Público presentó utilidades, es así que en el año 1997, un año previo a la privatización el Sistema Público tenía una acumulación de utilidades sólo de los últimos 4 años de más de 74 millones de dólares, como puede apreciarse en la fila No.7 (columna de totales). Además tenía un fondo acumulado importante, del cual le regresó al Estado por Transferencias Otorgadas 292 millones de dólares el año 1997, un año previo a la privatización.
En cuanto a la parte financiera , es decir, en lo relacionado a flujos, si existía un problema de encalce en la administración de los fondos, pero esto se debía a una deficiente estructura de activos y pasivos (los vencimientos contractuales de los depósitos no coincidían con el vencimiento de la obligación del pago de beneficios a los pensionados), esto obligaba al Ministerio de Hacienda a hacer transferencias al Sistema Público, para resolver problemas temporales de caja, pero luego el Sistema Público le otorgaba transferencias al Ministerio de Hacienda para pagar los apoyos financieros por problemas de flujo. Así podemos ver en el cuadro que venimos analizando, que en los cuatro años, el Sistema Público, había recibido recursos netos de parte del Estado de únicamente 24 millones de dólares (Ver Fila 7, Columna Totales). Actualmente el Estado le transfiere al Sistema Público más de 400 millones de dólares anuales y sin retorno.
Lo anterior demuestra que el Sistema Público no estaba quebrado, pero su perspectiva de quiebra era una acción premeditada y previsible en el modelo neoliberal, para justificar la privatización. Pero como veremos más adelante aún en el marco neoliberal no se hubiera quebrado el sistema de pensiones, cuando hacemos un balance financiero integrado de pago de pensiones y pago de cotizaciones del Sistema Privado y el Sistema Público.
2. Segunda mentira: Que el número de pensionados crecía a una tasa mayor que el número de cotizantes
Para justificar el sistema de ahorro para pensiones, que sería administrado por la empresa privada, se argumentó lo siguiente: que en los sistemas de capitalización colectiva el número de pensionados crece a una tasa mayor que el número de afiliados; y que la tasa de natalidad del país se va reduciendo y que la expectativa de vida va en aumento. Dichos argumentos, aún en esta fecha, son considerados válidos por (ASAFONDOS) en su Diagnóstico de 2013, en el cual se sostiene lo siguiente:
“Sin embargo, en la medida que transcurre su tiempo de operación, un número mayor de personas van cumpliendo los requisitos respectivos y empieza a crecer el número de pensionados a una tasa mayor que con la que crecen los afiliados activos. Esta condición que es esperable, se ve agravada por los cambios demográficos que se han registrado durante las últimas décadas, en las que tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo (como el nuestro), las tasas de natalidad y, por consiguiente, el ingreso de nuevos afiliados a los sistemas de reparto (capitalización colectiva) se ven reducidas, mientras que la expectativa de vida de las personas se incrementa, aumentado de esa forma el período de pago de beneficios por los afiliados que viven por períodos más largos en su calidad de pensionados.”
Luego agregan lo siguiente: “… que un indicador clave para analizar su sostenibilidad es la relación afiliados activos/afiliados pasivos, el cual, en el caso salvadoreño, presentaba una reducción bastante significativa en relativo poco tiempo, pasando de 10.9 cotizantes activos por un pensionado en 1986 a 7.2 cotizantes activos por pensionado en 1998”.
Lo anterior significa que en doce años el índice se redujo en 3.7 y estos argumentos fueron suficientes para que los partidos de derecha justificaran el nuevo sistema de pensiones; no obstante la realidad es otra, aún quince años después de la entrada en vigencia del nuevo sistema de pensiones, como se demuestra a continuación:
Según el Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2012, se reporta que: “el 63.7% de la población es menor de 30 años y la población de 60 años y más, que es considerada como las personas adultas mayores, representan el 11.0%. Esto revela que la población salvadoreña es bastante joven, lo que facilita la renovación generacional en los ámbitos productivos y de la sociedad en general”. Esto contradice, el argumento de que los pensionados aumentan en mayor proporción que los cotizantes o afiliados activos, porque la población del país es joven, es decir, los cotizantes pueden crecer significativamente con una adecuada política de empleo; es evidente que la solución no era cambiar de sistema de pensiones, sino generar empleo, lo cual hubiera requerido apostarle a los sectores reales de la economía y por lo tanto generar empleo, en lugar de tener como política expulsar la población salvadoreña al extranjero para que enviaran remesas y sostener a flote este neoliberalismo perverso.
Por otra parte, analizamos la caída del índice de pensionados por cotizantes para el período comprendido entre el año 2000 y 2012 y nos damos cuenta, que en ese tiempo es menor que el mostrado por ASAFONDOS en su Diagnóstico, pues en el año 2000 el índice es 5.73 y en el año 2012 es 4.36, lo cual demuestra una reducción de sólo 1.37 en doce años, contrario a la reducción de 3.7 en el período que ellos analizaron, que por cierto es anterior al de nuestro análisis; en conclusión, no es cierto que el índice de pensionados respecto a cotizantes se reduzca drásticamente como ellos lo afirman, no obstante que el porcentaje de cotizantes respecto de la PEA es bajísimo en el período analizado, todo esto se puede observar en el cuadro siguiente:
3.Tercera mentira: El sistema de ahorro para pensiones incrementará la cobertura de beneficiados
Después de más de 15 años, el Sistema de Ahorro para Pensiones no logra la amplia cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA). La diferencia entre la PEA y los cotizantes es una constante, lo cual significa que el empleo no crece y, por consiguiente, tampoco la cobertura como se observa en el cuadro siguiente. Por otra parte, recordemos que la PEA referida en el cuadro siguiente, es la calculada a partir de las encuestas de Ingresos y Gastos de Propósitos Múltiples, pero la población económicamente activa, medida por la edad de trabajar, o sea, las personas que tienen una edad entre 16 y 60 años, demuestra una PEA real superior a los 4.3 millones de personas, dentro de las cuales, 1,743,000 personas están totalmente desempleadas, es decir, fuera del mercado laboral formal (Según los datos de Población Oficiales), quedando así demostrado que el objetivo de la amplia cobertura está absolutamente incumplido y no tiene perspectivas positivas. A esto se agrega además la amplia diferencia entre la PEA (deducida a partir de encuestas de forma amañada como se hace en todos los países miembros de las Naciones Unidas, del mundo capitalista, esto para encubrir la realidad del desempleo y subempleo) y los cotizantes presentada en el cuadro a continuación, lo que nos demuestra el gran nivel de desempleo abierto y subempleo; el problema para la población subempleada, la cual difícilmente llena el requisito de cotizar los años que ahora le exige la Ley de Pensiones, es que se da, una alta proporción de los cotizantes que no llegan a cumplir este requisito para tener una pensión, sino es quizás, trabajando hasta los 70, 80 ó más años, y eso sí, al final tendrá una pensión de hambre, dados los niveles salariales del país y el principio del ahorro individual, es decir, la no participación de la solidaridad en la definición de las pensiones.
En síntesis, este sistema de pensiones no ha sido diseñado para atender principios constitucionales de los trabajadores, que establece que las pensiones son un derecho de todas y todos los salvadoreños, sino única y exclusivamente, para darle un negocio altamente lucrativo al capital privado, como veremos más adelante, a las empresas que administran como una mercancía, este servicio social, que además desde la segunda mitad de la primera década del Siglo XX pasa a manos de Bancos Transnacionales.
