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Por Leonel Herrera*
El oficialismo reformó esta semana la Ley del Impuesto sobre la Renta para eximir del pago de dicho tributo a todo movimiento de capital internacional que ingrese al país, ya sea como préstamo, inversión, repatriación de fondos u otra modalidad.
La reforma se aprobó sin ningún debate técnico, irrespetando el procedimiento establecido en el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa y se justificó con el trillado argumento de la “atracción de inversiones para crear empleos”.
La reforma es cuestionable en dos sentidos. En primer lugar, desde la perspectiva fiscal, la medida contribuirá a una mayor elusión tributaria, es decir: aumentará la “evasión legal” de impuestos y profundizará aún más el carácter regresivo del esquema tributario del país que impera desde los gobiernos de ARENA.
En vez de exonerar de impuestos el precio de los alimentos, medicinas, insumos agropecuarios y otros productos básicos, Nuevas Ideas y sus acólitos eximen a las transferencias financieras y otros movimientos de capital. En lugar de subsidiar a las familias pobres, favorecen a las transferencias financieras de las corporaciones.
Y en segundo lugar, porque la exención de impuestos como estrategia para atraer inversiones también es fallida. El Salvador lleva 30 años con esa política y las inversiones no vienen, mejor se van a Costa Rica y a otros países.
No es cierto que las inversiones llegan a donde pagan menos impuestos, como creían los gobiernos areneros y el actual. Van donde hay institucionalidad y reglas claras, donde hay mano de obra calificada y donde el mercado ofrece oportunidades (consumidores con poder adquisitivo, posibilidades de expansión y condiciones para la exportación).
Ninguna de estas tres condiciones tiene El Salvador, especialmente la primera. Los inversionistas no vendrán a un país donde las instituciones no son independientes, el poder está concentrado y las reglas de funcionamiento dependen de la voluntad, el estado de ánimo, el humor y los delirios de un presidente autócrata.
Así que es falaz el argumento de atraer inversión para aprobar una reforma ilícita (facilitar la evasión de impuestos es delito) y la verdadera razón probablemente apunte en la dirección señalada por Claudia Ortiz. La diputada opositora cree que es para atraer depósitos a la banca y que ésta tenga fondos para prestarle más dinero al gobierno.
Ciertamente, el gobierno se financia con deuda. Esta administración ha subido la recaudación fiscal, pero el gasto y despilfarro es tal que sólo puede sostenerse endeudándose más: en menos de tres años, la bancada oficialista ha avalado préstamos por unos 10,000 millones dólares y la deuda ronda el 90% del Producto Interno Bruto, según datos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
Y ante las dificultades para obtener financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros multilaterales, el gobierno toma de los fondos de pensiones (que son propiedad de los cotizantes y jubilados) y de la banca privada (que administra el dinero de los ahorrantes).
Varios economistas advierten que si esta situación no cambia, los fondos de pensiones podrían agotarse en el corto plazo y la banca privada pronto tendría problemas de liquidez. Esto último explica la desesperada reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta para atraer depósitos de dinero a los bancos privados.
Por tanto, es urgente que la población salvadoreña exija a Nayib Bukele y a sus secuaces detener esta abusiva y peligrosa estrategia de financiamiento público. Deberían protestar principalmente los pensionados, cotizantes y ahorrantes del sistema bancario.
La demanda debe ser que el gobierno pare esta desenfrenada, irracional e insostenible política de endeudamiento y que se financie incrementando sus ingresos mediante la postergada reforma fiscal progresiva donde “paguen más quienes tienen más”.
*Periodista y activista social.
