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México / AFP
Sofia Miselem / con las oficinas regionales de AFP
Con miles de centroamericanos atravesando México en caravanas rumbo a Estados Unidos y el masivo éxodo de venezolanos que huyen de la tensa situación política y económica de su país, América estuvo marcada en 2018 por una crisis migratoria sin precedentes.
A las escenas de sirios o africanos que buscan alcanzar costas europeas, se sumaron este año las de centenares de centroamericanos que se arrojaron a la barda fronteriza entre la mexicana Tijuana y Estados Unidos y que fueron repelidos con gases lacrimógenos.
Extendiendo la retórica contra la inmigración que resuena en Europa, el presidente Donald Trump tildó de «invasión» a las caravanas, desplegó miles de militares para contenerlas y amenaza con cerrar toda la frontera con México.
El gobierno estadounidense llegó a separar a menores que viajaban con sus padres para encerrarlos en una especie de jaulas, desatando una andanada internacional de críticas.
Para Dolores París Pombo, experta en migración del Colegio de la Frontera Norte de Tijuana, es necesario actualizar los lineamientos para el estatus de refugiado, que consideran esencialmente persecución por motivos políticos, nacionalidad o religión.
«Hay un flujo muy importante de gente que migra en situaciones de emergencia, por factores relacionados entre sí, como pobreza, violencia, cambio climático. Un experto de Oxford la llama ‘migración de sobrevivencia'», explica.
Unos 500.000 centroamericanos atraviesan anualmente México buscando el sueño americano, con la clandestinidad por regla.
Ahora acapararon reflectores. Fueron miles en caravana, mayoritariamente hondureños, familias con niños y embarazadas. La multitud los protege de autoridades y delincuentes.
– «Parece que nos querían matar» –
«¿Qué más quisiera yo que pasar navidades allá, bajo un techo, con la familia?», dice Elvin Perdomo, hondureño de 32 años, mirando hacia Estados Unidos.
Es uno de los más de 5.000 centroamericanos que recorrieron unos 4.300 kilómetros hasta Tijuana en una caravana que salió el 13 de octubre de San Pedro Sula, Honduras.
El 19 de noviembre, la caravana, que llegó a sumar 7.000 personas, derribó las vallas de un puente fronterizo y algunos migrantes se lanzaron al río Suchiate, límite entre México y Guatemala.
Les tomó un mes llegar a Tijuana para pararse ante Estados Unidos.
Hacinados en un albergue, ajenos a la burocracia migratoria, los decretos de Trump y la realidad tras la frontera, creyeron los rumores de que cruzando obtendrían refugio.
El 25 de noviembre, unos 1.000 integrantes de la caravana realizaron en Tijuana una manifestación pacífica, pero sorpresivamente, la mitad se lanzó sobre la oxidada lámina fronteriza. Treparon amontonados o cruzaron por huecos. Algunas parejas hicieron malabares para subir a sus hijos.
Enseguida, otra barrera, amenazadora, con alambre de púas. En tierra, el rugir de las patrullas estadounidenses. En el aire, helicópteros militares. Los gases lacrimógenos los sorprendieron. Recularon asustados.
«Parece que nos querían matar», dijo Flor Jiménez, hondureña de 32 años, que participó en la intentona con su esposo, su hermana y su hija.
Unos 40 cruzaron pero fueron detenidos por agentes estadounidenses. México capturó y deportó a 98 acusados de hechos violentos.
El desánimo reinó. Algunos pidieron regresar, muchos aceptan ofertas de trabajo y facilidades migratorias de México. Otros siguen cruzando, solos o en grupos pequeños.
A esta gigantesca caravana siguieron otras.
Pero la ira de Trump se había desatado ya en marzo con el «viacrucis migrante», que se lleva a cabo desde hace una década para visualizar el calvario de los viajantes centroamericanos en tierras mexicanas. Antaño eran cientos, este año unos 1.500.
Trump protestó y amenazó con retirar a Estados Unidos de la negociación de un nuevo acuerdo comercial con México y Canadá.
México resolvió veloz: concedió permisos migratorios y el grupo se dispersó. Algunos lograron pedir refugio en Estados Unidos.
– Masivo éxodo venezolano –
Otro drama migratorio nace en América del Sur. El éxodo venezolano es considerado por la ONU como el mayor movimiento masivo de población en la historia reciente de Latinoamérica: 2,3 millones migraron desde 2015, principalmente a países sudamericanos, desatando tensiones.
Escasez de alimentos y medicinas, inflación de 1.350.000% para 2018 según el FMI y un estado permanente de enfrentamiento político son el combustible para dejar el hogar.
El 18 de agosto, en la fronteriza Pacaraima, en Brasil, 1.200 venezolanos fueron violentamente expulsados de sus campamentos.
Tras rumorearse que un comerciante local habría sido herido al ser asaltado por venezolanos, los vecinos, furiosos, prendieron fuego a los improvisados refugios.
En Colombia, hay alrededor de un millón de venezolanos y, según dijo el miércoles el embajador de Bogotá ante la OEA, Alejandro Ordóñez, cada día entran a su país otros 1.500 con intención de quedarse.
«El volumen del estado de vulnerabilidad y la velocidad que caracteriza esta dinámica migratoria no tiene precedentes en la historia del hemisferio», alertó Ordóñez.
«En el momento en que me enteré de que iba a ser papá, tuve que venir a Colombia» por un mejor futuro, dijo Alfonso Mendoza, de 25 años. Por un mal congénito no desarrolló la mitad del cuerpo y sobrevive rapeando en buses de Barranquilla, donde nació su hija.
– Navidades sola –
Perú alberga a unos 600.000 venezolanos. La mayoría entró con cédula de identidad pero desde noviembre Lima les pide pasaporte, algo difícil de obtener en Venezuela por costos y falta de insumos.
En Ecuador viven 300.000, y aunque el gobierno pretendió exigir pasaporte, un juez paró la medida.
Carmen Fuenmayor, educadora venezolana de 57 años, estuvo en Ecuador nueve meses. No soportó la altitud andina y la encontraron «muy mayor» para trabajar, dice.
Regresó, recuperó su trabajo y pasará Navidad sola porque sus hijas siguen allá. «Esa es la vida de ellas y yo decidí que la mía está en Venezuela. En este país, nos ayudamos unos a otros», explica.
Algunos nicaragüenses, entretanto, han sido empujados al exilio también. Desde que en abril estallaron protestas opositoras al presidente Daniel Ortega, reprimidas violentamente con cientos de muertos, al menos 23.000 buscan asilo en Costa Rica.
