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@RosmeriAlfaro
Para el presidente de la Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS) René Novellino, una de las soluciones para resolver la problemática del no pago de pensiones es discutir en la Asamblea Legislativa la propuesta presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP), presentada hace casi dos meses.
Aseguró que la propuesta plantea beneficios a los trabajadores y una solución sostenible de largo plazo, además, brinda un alivio a las obligaciones fiscales derivadas del sistema de pensiones público y privado.
“Consideramos el hecho, que ahorita se cuente con los recursos, porque fue adjudicada la colocación de ICPs para este trimestre y que el pago de pensiones en este momento no sea un punto a considerar, brinda el espacio suficiente para discutir y aprobar la propuesta”, señaló. “Si esto que está pasando en abril y no se atiende adecuadamente la problemática se repetiría en julio y octubre de este año… La propuesta evitaría que esto suceda”, enfatizó.
El presidente de ASAFONDOS indicó que hay dos tipos de impacto con el no pago, uno de ellos es que los afiliados no recibirían los 55 millones de dólares en sus cuentas individuales.
Otro de los impactos está relacionado con el comportamiento de los bonos soberanos de El Salvador, los cuales, al caer de precio, implicarían pérdidas adicionales para el ahorro de los trabajadores.
“Recordemos que lo que está pendiente de pago es dinero que pertenece a los trabajadores, no a las AFP”, agregó.
“Las AFP han venido insistiendo que la inversión obligatoria que hacen
los fondos de pensiones en los Certificados del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales están afectando negativamente a los
trabajadores, ya que con la baja tasa que paga el Gobierno, implicaría que se paguen bajas pensiones”, manifestó.
Explicó que ambas AFP realizaron y continuarán realizando distintas
acciones administrativas y legales para solicitar el pago de esta
obligación del Estado con los trabajadores afiliados al sistema de ahorro.
El Salvador cayó en “impago” el 7 de abril luego que el principal partido de derecha, ARENA, no dio sus votos para incorporar al Presupuesto General del Estado la asignación presupuestaria indispensable para el pago de pensiones.
