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Montreal / AFP
Eric Thomas
Enfrentado a la peor crisis política de su mandato, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ve su autoridad socavada tras la renuncia de dos ministras a siete meses de elecciones legislativas.
La pendiente se anuncia difícil de remontar para sus tropas liberales, lejos de la oposición conservadora en las intenciones de voto, según los expertos.
Trudeau arrastra como una cruz la polémica iniciada hace un mes por acusaciones de injerencia suya y de su entorno en un proceso judicial contra una mega empresa canadiense.
La exministra de Justicia Jody Wilson-Reybould dijo haber estado bajo presiones «inapropiadas» por parte del jefe de gobierno y de su círculo para que intente evitar un juicio contra la gigante del sector de la ingeniería SNC-Lavalin.
Trudeau negó haber ejercido tales presiones, al tiempo que reconoció el jueves que tenía «muchas lecciones que aprender» de este caso, tras el clima de tensión instalado entre su oficina y Wilson-Reybould, quien renunció a su cargo el 12 de febrero.
«Es un comienzo, pero tiene que conseguir recuperar la confianza de la gente», dijo a la AFP Marcel Chartrand, profesor de comunicación de la Universidad de Ottawa.
Desde el inicio de la crisis, Trudeau «no parece alguien en control, sino alguien desconectado» que brinda «versiones contradictorias» las cuales «amplificaron» el malestar, señala Eric Montigny, politólogo de la Universidad Laval de Quebec.
El grupo SNC-Lavalin, con base en Montreal, está acusado de haber pagado sobornos en Libia durante el régimen del dictador Muamar Gadafi para obtener importantes contratos en ese país.
En caso de una condena penal, la compañía no podrá obtener contratos públicos en Canadá por 10 años, lo que amenazaría su futuro y el de sus 9.000 empleados en el país.
– Legitimidad en duda –
Este caso también llevó a las dimisiones de la ministra de Presupuesto Jane Philpott y del asesor y amigo personal de Trudeau Gerald Butts.
Que «dos ministros den un portazo así es algo que no se ha visto en años en Canadá», destaca Stéphanie Chouinard, politóloga del Royal Military College en Kingston, Ottawa.
El asunto demuestra «una crisis de legitimidad en el seno del gobierno de Trudeau», agrega la experta.
Durante su campaña electoral en 2015, Trudeau defendió el feminismo y la reconciliación entre el Estado y la población indígena. Era «la marca liberal, la marca de Justin Trudeau», remarca Montigny.
Las dos ministras renunciantes son mujeres, y una de ellas, Wilson-Raybould, es amerindia.
«Desde hace varios días, cuestionamos la sinceridad del compromiso de Justin Trudeau con las mujeres y los (pueblos) autóctonos», dice Montigny. Esto es «lo que más duele», porque es «un golpe al corazón de su mensaje político, de lo que él encarna».
Y de repente, como un efecto dominó, «todas sus contradicciones salen a la superficie», opina el politólogo. «Cuestionamos sus compromisos de 2015», como su promesa, no cumplida, de reformar el sistema electoral, o aquella en favor del clima, cuando nacionalizó un controvertido oleoducto.
Sin embargo, «hasta que se pruebe lo contrario, Trudeau no ha hecho nada ilegal», señala Chouinard.
La propia exfiscal general admite que ninguna de las «presiones» que le reprocha a Trudeau y a su oficina fueron «ilegales».
«Podemos ver que no hubo injerencia indebida. No hubo malversación», observa Chartrand.
Pero lo que importa «es la virtud del primer ministro que está siendo cuestionada en este momento», dice Chouinard, antes de predecir que será «muy difícil (…) hacer tabla rasa de esta historia de aquí a las elecciones de octubre».
