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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han advertido, en un reciente informe, que la crisis provocada por la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) se convertirá en una crisis alimenticia, la cual indudablemente está íntimamente relacionada con la pobreza.
De acuerdo con la CEPAL y la FAO, la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83.4 millones de personas en 2020.
En la encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) del año 2018 se establece que el 39.9 % de la población vive en pobreza y el 7 % de esta en extrema pobreza. Diez años antes a la fecha citada, la pobreza en El Salvador rondaba el 49 %; es decir, se había creado un mecanismo para comenzar a disminuir ese dato.
En los gobiernos anteriores al presente, las políticas públicas que contribuyeron a disminuir el 10 % de la pobreza y pobreza extremas fueron los programas sociales: paquetes escolares, alimentación en las escuelas, un tiempo de comida diaria y, a partir de este año, se iba a iniciar entregando también el almuerzo.
En los municipios más pobres se entregan $50 a los adultos mayores para alimentación. También se les daba, en estos mismos lugares, fondos a las madres solteras para que mantuvieran a sus hijos en las escuelas y llevarlos a las consultas preventivas en las unidades de salud o en los ecos familiares.
Pero, estos y otros programas sociales se han reducido o se han eliminado.
Y, como advierte la CEPAL y la FAO, si en América Latina incrementarán los pobres en 83.4 millones, incluidos los de El Salvador, el dato de la encuesta de Hogares Múltiples se incrementará significativamente luego del COVID-19.
En los tres meses que hemos estado en una cuarentena total, cerca de 200,000 empleos se ha suspendido, temporal o de forma permanente. Esto significa que miles de hogares no han recibido ni el salario mínimo ($300) durante ese periodo y, aunque el Gobierno por decreto Ejecutivo obligue a las empresas a pagar esos tres meses cesantes, es imposible que esto se cumpla; pues, si las empresas no obtienen ingresos, difícilmente van a cumplir esa ley. Muchos de estos empleos no se recuperarán, por lo menos en los próximos tres años.
El único que puede cumplir una ley como esa es el Gobierno, pues, simplemente acude a un empréstito y obtiene los recursos necesarios para responder a los salarios de los empleados públicos.
Que algunos sindicatos están haciendo acciones para no laborar por temor al coronavirus tiene sentido, pues sus salarios no serán disminuidos ni atrasados, mientras que esta no es la realidad del sector privado.
Ahora bien, dado que la COVID-19 ya generó un fuerte impacto en miles de hogares salvadoreños, y generará más, recordemos que muchas empresas no están laborando aún y esos trabajadores no reciben salarios, y de parte del Gobierno central solo una vez recibieron un bono de $300 y una canasta familiar, lo cual se acabó en los primeros dos meses de cuarentena, esto provocó que se pusieran de moda las banderas blancas, en señal de que la gente tenía hambre, necesitaba alimentos.
A lo anterior hay que agregar el impacto que generará al final de 2020 la caída, en América Latina y el Caribe, del Producto Interno Bruto (PIB), el cual ha sido estimado en -5.3 %.
“En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan solo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, explicó el representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello, proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, indicó Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
Estos datos deberían tener preocupados, sino es que alarmados, a los gobiernos de la región, al gobierno del presidente Nayib Bukele, porque de trabajar desde ya, para menguar la crisis de la hambruna, con la participación de todos, las reacciones de los sectores más vulnerables por el hambre, lo harán sentir de la forma menos inesperada también.
La FAO y la CEPAL tienen su propia propuesta, a la que hay que ponerle atención. Estas son: transferencias monetarias, canastas o cupones alimenticios a toda la población en situación de pobreza por un periodo de seis meses.
El costo del bono, dice el estudio, equivaldría al 0.45 % a toda la población en pobreza extrema.
Los gobiernos de la región, por supuesto, no pueden ni deben hacerlo solos; tiene que incluir a la empresa privada, a la academia, a la clase trabajadora, a todos los sectores del país, en una mesa de diálogo para salvar de la crisis del hambre a la población más desprotegida, que en los tres últimos meses se ha incrementado por el coronavirus.
