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Redacción Nacionales
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A cinco años de la emergencia por COVID-19, Cristosal presentó ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia, para que investigue a Francisco Alabí, titular del Ministerio de Salud, y Jorge Alejandro Aguilar Zarco, expresidente del Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES), por presuntas irregularidades en compras públicas.
Según Cristosal, entre las irregularidades está la compra de 100,000 protectores faciales a INSEMA, una empresa de la cual Aguilar Zarco era accionista y presunto beneficiario final, el contrato fue por $250,000, a un precio unitario de $2.50 por cada mascarilla de la marca Invemask, con un sobreprecio del 121%, en comparación con los precios ofrecidos a otras entidades privadas.
Al momento de la contratación, Aguilar Zarco ejercía como presidente del FONAES y mantenía su condición de accionista y beneficiario final de INSEMA, lo que constituiría un conflicto de intereses. A este hecho se suman los actos públicos de donación de protectores faciales de la marca Invemask, producidos por INSEMA, que podría interpretarse como una promoción de marca desde su cargo público.
Los protectores faciales adquiridos no estaban incluidos en el catálogo de insumos médicos autorizados para compras directas según el decreto legislativo vigente, lo que sugiere un posible desvío de fondos destinados a la adquisición de insumos médicos esenciales.
Ruth Eleonora López, abogada de Cristosal, dijo que hace algún tiempo varias organizaciones presentaron denuncias por esta misma causa, sin embargo, el TEG se “lavó las manos” en muchos casos; además, la mayoría de procesos están por prescribir, porque después de cinco años prescribe la acción ante el Tribunal de Ética.
“Venimos a presentar una denuncia, a sumar una más, porque no es la primera, el 13 de noviembre presentamos sin el acompañamiento de la prensa una denuncia contra el ministro Francisco Alabi, por haber favorecido a sus familiares, aportamos pruebas y además les dijimos al Tribunal de Ética los mecanismos para obtener y cuáles podrían ser las diligencias para obtener otro tipo de indicios y pruebas”, enfatizó la abogada.
La denuncia incluye documentos que respaldan las acusaciones, como acuerdos ejecutivos, declaraciones patrimoniales, órdenes de compra, cotizaciones y credenciales sobre la relación de Aguilar Zarco con INSEMA.
Asimismo, propone actos de investigación como la solicitud de informes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y al Ministerio de Hacienda, para determinar si el expresidente del FONAES recibió salarios o dividendos de dicha sociedad.
Cristosal recalcó que la denuncia es por dos infracciones a la Ley de Ética Gubernamental, una de ellas es el presunto desvío de fondos públicos, lo cual no ha sido investigado por el TEG, es una denuncia totalmente nueva con las pruebas adjuntas.
Para Cristosal, es necesario que el TEG investigue estas irregularidades de manera inmediata, a fin de establecer responsabilidades, asegurando que el dinero de los salvadoreños se utilice de manera transparente y eficiente.
Durante la actividad, López llegó donde los agentes de la UMO que estaban al otro lado de la calle del TEG tomando fotografías, y les entregó un comunicado explicando el por qué se encontraban en ese lugar.
