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@arpassv
La Corte Suprema de Justicia ha admitido demandas por posible enriquecimiento ilícito contra los ex presidentes areneros Alfredo Cristiani y Armando Calderón Sol. El magistrado Leonardo Ramírez Murcia confirmó ayer en una entrevista televisiva la aceptación de las denuncias presentadas por el economista Salvador Arias ante la Corte Plena.
Cristiani y Calderón Sol gobernaron entre 1989-94 y 1994-99, respectivamente. Sus administraciones fueron señaladas por graves delitos de corrupción (robo del abono donado por Japón, fraude FINSEPRO-INSEPRO y malversaciones en el Seguro Social, BFA, INDES, ANDA, etc.); pero ellos directamente nunca fueron imputados, regresaron tranquilamente a sus casas y hasta salían de vez en cuando a dar lecciones de transparencia, buen gobierno y democracia.
Para suerte de ambos ex presidentes, no había en aquella época la conciencia y movilización ciudadana contra la corrupción que existe actualmente; y tampoco había institucionalidad para la transparencia y rendición de cuentas. Así, estos gobernantes no fueron procesados, y después los libró la prescripción de los delitos administrativos y las omisiones de la sospechosa Sección de Probidad.
Sin embargo, ahora enfrentan acusaciones sobre posible enriquecimiento ilícito que serán procesadas con la Ley de Extinción de Dominio, que expropia bienes obtenidos ilícitamente aun cuando los delitos cometidos hayan prescrito. Además de Cristiani y Calderón Sol, las denuncias incluyen a Roberto Mathies Hill, Carlos Perla, Juan José Domenec, Sigfredo Ochoa Pérez, Raúl García Prieto, David Gutiérrez y otros ex funcionarios areneros.
El periódico digital Transparencia Activa (TA) publicó a principio de este año que los ex presidentes Cristiani y Calderón Sol incrementaron su patrimonio en un 167% y 11%, respectivamente, mientras gobernaron. “De hecho, Cristiani y su grupo familiar reportaron cero dólares en egresos, como si cuando estuvo en el poder no gastó en alimentación, vestuario, salud, etc.”, señaló TA.
Por eso las organizaciones progresistas y democráticas que luchan contra la corrupción deben respaldar la acción de la Corte contra Cristiani y Calderón Sol, y exigir que sean procesados igual que sus colegas Francisco Flores y ahora Antonio Saca. La acción judicial debe alcanzar a todos los ex funcionarios señalados de corrupción, sea éstos ex diputados, ex alcaldes, ex magistrados, ex ministros, ex vicepresidentas o ex presidentes de la república. A todos.
