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TeleSUR
La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció este martes al tribunal y a la fiscalía de la causa Vialidad por manipular los sucesos en su contra durante su intervención en la última etapa del juicio.
La expresidenta afirmó que “esto más que un tribunal del lawfare es un verdadero pelotón de fusilamiento. Se inició a partir de la increíble diatriba en la que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se dedicaron a injuriar, agraviar, denostar y a actuar no conforme a derecho”.
En este sentido, destacó que “durante 20 días inventaron hechos, ocultaron otros, tergiversaron, mintieron y finalmente, un 1 de septiembre (…), una persona intentó matarme y el tiro no salió”.
Al mismo tiempo, Fernández cuestionó la supuesta acusación de fraude en contra de la administración pública mientras expresó que su administración “entregó un país desendeudado”.
A partir de ello, la vicepresidenta destacó que “sin embargo, quienes trajeron al FMI y 45 mil millones de dólares que no sabemos dónde están, esos no tienen ningún problema; están en Qatar mirando el Mundial”.
“En los alegatos a la defensa se demostró que todas y cada una de las cosas que habían sido acusación del fiscal eran mentiras. Hace pocos días me enteré en otra defensa, que hasta por Google le habían demostrado que lo que decían con respecto a un determinado hecho no era cierto”, enfatizó la lideresa argentina.
A su vez, señaló que “el partido judicial” sustituyó al partido militar, el cual condiciona, obtura y ataca a la democracia mediante la estigmatización de los espacios políticos y sus dirigentes “para que nunca nadie vuelva a atreverse a hacer las cosas que hicimos nosotros”.
En consonancia, apuntó que se trata de una postura disciplinadora contra quienes le pagaron al fondo y recuperaron las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), así como los Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 2 comunicó que el próximo de 6 de diciembre emitirá el veredicto de la causa que suponen 12 años de prisión y su inhabilitación perpetua para cargos públicos por supuestas irregularidades en obras públicas de Santa Cruz en el período de 2003 a 2015.
