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Madeline Salamanca
Samuel Amaya
@DiarioCoLatino
La Fundación Cristosal presentó ante la Corte de Cuentas de la República (CCR) un recurso de apelación ante la negativa emitida por la institución el pasado 8 de febrero, donde se pedía la investigación del posible uso de fondos públicos en la contratación del software espía Pegasus, con el cual fueron intervenidas las telecomunicaciones a un aproximado de 35 personas, entre ellas, periodistas, defensores de derechos humanos, así como organizaciones de la sociedad civil.
Ruth Eleonora López, jefa de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, recordó que la semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló una audiencia en la que el sector periodístico y expertos en la materia expresaron algunas valoraciones en la que concluían que el Estado de El Salvador está involucrado en la adquisición de ese software.
Justamente, la organización civil sostiene que uno de los indicios de una posible adquisición con fondos públicos de la herramienta para intervención de telecomunicaciones, es que la compra de un software desarrollado por NSO Group Technologies Ltd., en este caso Pegasus, es ofrecido únicamente a gobiernos.
La organización aclaró que en su apelación no pide una investigación sobre si existe o no un hecho delictivo, sino el uso de fondos públicos para la compra de Pegasus. “La expectativa (de Cristosal) es que la Corte de Cuentas reconozca e inicie un proceso de investigación para determinar si se adquirió con fondos públicos un software que realiza actividades ilegales”, detalló Ruth Eleonora López, a través de una conferencia de prensa.
La entidad del Estado respondió semanas atrás a Cristosal que “la Corte de Cuentas de la República no es competente para conocer lo denunciado”, alegando que debe tratarse por vía penal la petición. Pero Ruth Eleonora López puntualizó que según el Art. 195 inciso primero y noveno de la Constitución y la Ley de la Corte de Cuentas en su Art. 5 ordinal tercero, establece que la CCR tiene todas las facultades para investigar el uso de recursos públicos.
“Lo que se está solicitando es que se revise el uso de fondos públicos. Es decir, el destino de esos fondos públicos, son millones de dólares los que podrían haber sido utilizados para estas actividades, por tal, es dinero de las arcas del Estado, lo que pedimos es que se investigue y se audite”, remarcó López.
El software es calificado como un arma de grado militar, puede tener acceso a fotos, videos, mensajes, correos, contactos, ubicación por medio de GPS del usuario, WhatsApp, grabar llamadas, y activar de forma remota el micrófono y cámara.
La semana pasada, Cristosal interpuso una demanda de inconstitucional ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ para que las intervenciones de telecomunicaciones sean aprobadas solo con orden judicial y no por orden fiscal. Ya que la Asamblea legislativa aprobó que el espionaje digital fuera legal, con el aval de la Fiscalía General de la República.
