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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
CRISTOSAL, una organización defensora de los derechos humanos con 25 años de trabajo, denunció el acoso y la persecución sistemática que enfrenta por parte del Estado salvadoreño.
La Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (SIPOL) cada semana hace reportes de los ciudadanos que denuncian, y los califica como opositores al gobierno, y que participan de diferentes marchas.
CRISTOSAL dio a conocer que personas vinculadas al trabajo de la organización han sido víctimas de procedimientos arbitrarios e ilegales, que vulneran sus derechos a la libertad e integridad. Estas acciones fueron por miembros de instituciones del sistema policial y penal, con el propósito de intimidación y represalia por el trabajo que desarrollan, al acompañar a víctimas de abusos de poder y violaciones de los derechos humanos, así como su lucha contra la impunidad y la corrupción.
Una de las personas fichadas por la policía es, Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la Unidad Anticorrupción de CRISTOSAL. En el informe filtrado por el sitio Ciber Inteligencia SV se detalla que a ella se le observa dar declaraciones en medios opositores y plataformas virtuales, y que forma parte del aparato ideológico de la oposición como activista anticorrupción. “El Estado va a utilizar recursos estatales para hacer fichas de personas que lo que hacemos es el ejercicio de nuestros derechos, por ejemplo, establecer denuncias y presentar denuncias, exigir rendición de cuentas, lo que hace es reflejar un miedo por parte del Estado, a partir de qué es lo que estas personas pueden hacer, quiénes son y por qué están haciendo esto”, señaló López.
López consideró que no existe una ley que habilite a la PNC para tener fichas de personas, las funciones que constitucional y legalmente le corresponden están establecidas para la policía, al igual las competencias de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Si estoy siendo investigada, pues tendría que probarlo, pero esto es más que una investigación, es un seguimiento, un perfilamiento, lo que hace es reflejar el temor que tiene la institucionalidad pública en El Salvador de las denuncias, y además de la actividad de defensa de derechos humanos”, agregó la abogada.
Debido a que hay una franca vulneración y con la aprobación de la Ley de Datos Personales, pudiera ser incluso requerido a una institución como la policía, que se borre este tipo de información.
CRISTOSAL señaló que junto a otras organizaciones defensoras, han sido víctimas de ataques liderados por el presidente de la República, Nayib Bukele y otros funcionarios, que van acompañados de un acoso digital masivo generado por cuentas con identidades falsas. Además, forman parte de un discurso de odio cuyo objetivo es hostigar, descalificar y amedrentar el trabajo en defensa de los derechos en El Salvador.
El perfilamiento policial de personas que ejercen las vocerías de CRISTOSAL, no solo exponen a quienes trabajan en la organización, sino también a sus familiares, a ser víctimas de procedimientos administrativos y judiciales arbitrarios e ilegales.
CRISTOSAL demandó el cese de los ataques contra todos defensores de los derechos humanos y alto a las sistemáticas violaciones de derechos humanos, que afectan a toda la población salvadoreña.
