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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Irene Gómez, abogada de Justicia Restaurativa de la Fundación Cristosal e integrante de la acusación particular en representación de las víctimas, informó que el Equip1o Argentino de Antropología Forense y el Instituto de Medicina Legal (IML) terminaron las diligencias judiciales de exhumación, y que encontraron restos óseos de cinco víctimas masacradas en el cantón La Joya, municipio de Meanguera, Morazán.
“Se han encontrado restos cuyas características corresponden a las cinco víctimas que se buscaban en la zona, junto a ropa y objetos de uso personal”, señaló.
Las exhumaciones en el caserío El Barrial, en el cantón Cerro Pando y en La Joya, del municipio de Meanguera, Morazán, pertenecen a los sitios aledaños a la masacre de El Mozote perpetrada entre el 10 al 13 de diciembre de 1981, por unidades del Batallón Atlacat, junto a la Fuerza Aérea y otras guarniciones militares de la zona.
Esta masacre que cobró la vida de niñas, niños, mujeres y adultos mayores desarmados fueron registradas en el Informe de la Comisión de la Verdad “De la Locura a la Esperanza”, que documentó algunos casos de crímenes de Lesa Humanidad de los 12 años del conflicto armado de los años ochenta en el país.
“Con los hallazgos habrá que hacer el peritaje, se obtendrán muestras de sangre de los familiares y se cotejará con los restos encontrados”, explicó Irene Gómez.
Sobre el lugar de los hallazgos, la abogada Guadalupe Hernández, también abogada de la acusación particular de la Fundación Cristosal, señaló que en el terreno en donde se hicieron las excavaciones se situaba la vivienda de María Francisca Reyes, donde fue asesinada y sus tres hijos de 3 y 5 años y un recién nacido de 6 meses de edad.
Junto a estas víctimas también está Emelinda Lorena, una bebé de 11 meses de edad, quien estaba siendo cuidada por María Francisca, mientras sus padres se resguardaban de los ataques de la Fuerza Armada, en la zona.
“Al día siguiente (de la masacre) cuando vuelve el papá ( de Emelinda Lorena) descubre que la familia había sido masacrada y no encuentra a su hija. Unos días después la familia de María Francisca, entierra los cuerpos, pero no los puede identificar por el tiempo que habían pasado en estado de descomposición, y algunos animales habían comenzado a devorar los cuerpos”, reseñó Hernández.
En la década de los años ochenta, pese a las denuncias públicas sobre la perpetración de asesinatos colectivos a miles de campesinos, el Estado se negó a realizar las investigaciones para deducir responsabilidades de las unidades militares que participaron llegando a desmentir y negar la existencia de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
Irene Gómez agregó que los primeros hallazgos de osamentas se realizaron en la trinchera 11, al finalizar la jornada del pasado viernes 25 de febrero, que extendió el trabajo de exhumación el fin de semana hasta el pasado martes 1 de marzo para su recuperación.
“Esta exhumación ha sido importante para las víctimas porque está dentro del marco de dos sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Una por el caso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños (2012) y una específica que es el caso de desaparición de Emelinda Lorena, de 11 meses de edad, en el caso Rochac Hernández y otros (2014)”, explicó.
“Esto es parte de reafirmar lo sucedido, es decir, el descubrimiento de la verdad en el marco de la masacre. Y encontrar los restos para las familias es una medida de reparación”, acotó Gómez.
En cuanto a esta diligencia judicial, fue por una solicitud presentada por la Comisión Nacional de Búsqueda (CONAB), la primera realizada en el caserío El Barrial, cantón Cerro Pando entre el 14 al 18 de febrero, y el cantón La Joya, entre el 21 febrero al 2 de marzo del presente año.
En ese momento David Morales, director de Justicia Transicional, afirmó que estas diligencias judiciales se suman al proceso judicial de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, que vendría a fortalecer el caso junto a pruebas testimoniales de los familiares sobrevivientes.
Asimismo, consideró que podrían facilitar estas pruebas, la fase de plenaria para que los militares implicados en el caso sean juzgados y que como acusación particular la Fundación Cristóbal se encuentra interesada en que se aplique justicia a las víctimas y sobrevivientes de estos actos de lesa humanidad.
La jueza de instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, Mirtala Portillo de Cruz, ordenó estas últimas exhumaciones para el período del 14 al 25 de febrero recién pasado en Cerro Pando y La Joya, en cumplimiento a la petición de de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos en el Conflicto Armado.
