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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación CRISTOSAL solicitó este miércoles a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a los responsables de permitir “el millonario fraude” con la Chivo Wallet, billetera digital del Gobierno salvadoreño utilizada para realizar transacciones en Bitcoin.
Según explicó Cristosal, el ministerio público debe investigar los contratos y procesos declarados en reserva, des-habilitación de mecanismos de seguridad en la Chivo Wallet, hurto de identidad y defraudaciones millonarias de dinero público a través de esa aplicación.
Es de recordar que el GOES desarrolló la aplicación “Chivo Wallet” para que los salvadoreños pudieran manejar dólares y Bitcoin; con ello se otorgó un bono de $30 dólares; sin embargo, los salvadoreños solo retiraron los $30 y dejaron de usar la app, tanto así que incluso el GOES retiró algunos de los cajeros Chivos.
Diario Co Latino documentó el momento y lugar exacto donde se retiró uno de esos cajeros ubicado en la Plaza de la Salud, frente al Hospital Rosales. A su vez también se desmontó la caseta.
El aviso que presentó CRISTOSAL la mañana de este miércoles tiene por objetivo que la FGR inicie las investigaciones y el procedimiento penal correspondiente en contra de los responsables como autores o partícipes en estos hechos. También que las investigaciones establezcan la cadena de mando por la que se emitieron las decisiones que conllevaron a la afectación del patrimonio público para individualizar responsabilidades.
“La Chivo Wallet ha sido una política fallida del Gobierno de El Salvador, y que ha intervenido directamente sobre los derechos de la ciudadanía tanto en la afectación del hurto de identidad como los recursos públicos que han sido utilizados para la implementación de esa aplicación”, comentó la jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth Eleonora López.
La solicitud parte de investigaciones periodísticas de El Faro y Revista Factum, de El Salvador, y de No Ficción, de Guatemala. Estas investigaciones tienen como respaldo documentos y declaraciones de involucrados, incluso, en procesos judiciales ante una corte estadounidense.
Las irregularidades señaladas inician con la aplicación de la Ley Bitcoin, porque en los procesos de compra del Estado, en la plataforma pública COMPRASAL, no existe ninguna información sobre la contratación para elaboración o desarrollo del software conocido como Chivo Wallet, la billetera digital promovida por el gobierno salvadoreño.
Según las publicaciones periodísticas, en el proceso de registro de las personas, en la aplicación, uno de los responsables del desarrollo de la Chivo Wallet recibió instrucciones para deshabilitar componentes fundamentales para la verificación de la identidad de los usuarios.
La des-habilitación fue instruida por personas relacionadas con el Gobierno -que fungían como “enlaces” o “coordinadores”- permitiendo que el 20% de los usuarios creados no pertenecieran realmente a las personas registradas, sino a terceros que suplantaron sus identidades, ocasionando el hurto de más de 12 millones de dólares de recursos públicos.
Pese a la gravedad de estos hechos, ninguna institución ha solicitado investigaciones ni ha señalado responsables por la pérdida de millones de dólares de dinero público y por las víctimas del hurto de Identidad por medios informáticos.
