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Redacción YSUCA
Cristosal interpuso un aviso ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la entrega del bono de $300 que el gobierno entregó durante la pandemia del COVID-19. Según Cristosal, los funcionarios pudieron haber incurrido en los delitos de Incumplimiento de deberes, negociaciones ilícitas y peculado.
El subsidio debía estar destinado a las familias más afectadas económicamente y se financió con más de 400 millones de dólares provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID).
Según Cristosal, el proceso de distribución del subsidio de $300 durante la pandemia estuvo marcado por graves irregularidades. Un Informe de Examen Especial de la Corte de Cuentas detectó 22 irregularidades en el proceso de distribución, entre estas falta de controles, carencia de documentación en las operaciones y contrataciones irregulares de empresas.
No se implementaron controles suficientes ni medidas de seguridad informática para asegurar una correcta entrega de los fondos.
Además, se realizaron contrataciones directas sin la debida documentación y se efectuaron pagos indebidos a personas que no cumplían con los requisitos, incluyendo beneficiarios duplicados y cobros en nombre de fallecidos, Hubo un caso destacado que apareció 1,293 veces en los listados de beneficiarios.
El comunicado de Cristosal señala que entre los funcionarios que participaron en el proceso de distribución del subsidio y que podrían estar involucrados se encuentran Vladimir Handal Monterrosa, quien fue secretario de Innovación, María Luisa Hayem, ministra de Economía y Mario Edgardo Durán Gavidia, entonces ministro de Gobernación.
El aviso pide investigar la participación de empresas proveedoras de servicios tecnológicos y financieros que podrían haber facilitado la distribución irregular de los fondos.
