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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación Cristosal presentó este miércoles una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional contra la Ley Simplificada de Adquisiciones para Obras Municipales que aprobó la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado.
La demanda se da, ya que adopta un régimen de contratación distinto a la regla constitucional donde la licitación pública debe ser la regla general; perjudicando la transparencia, la competencia y criterios eficaces para prevenir la corrupción.
Abraham Ábrego, de Cristosal, sostuvo que el año pasado se aprobó un conjunto de leyes “que prácticamente estarían anulando la LACAP, ya que esta establece el procedimiento que se debe seguir para las adquisiciones y contrataciones que sean con fondos públicos. La LACAP establece el mecanismo que garantiza la competencia, transparencia y el control”.
El primer motivo de la demanda consistió en que la Asamblea Legislativa no tiene competencia para adoptar un sistema de contratación que prescinda absolutamente de la licitación pública.
El segundo motivo fue porque la ley violenta el artículo 9 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual el Estado salvadoreño es firmante y está comprometido a adoptar “las medidas necesarias para establecer sistemas apropiados de contratación pública, basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos de adopción de decisiones, que sean eficaces, entre otras cosas, para prevenir la corrupción”.
“En la medida que se eliminan los controles, las garantías y el acceso a la información y documentación (a través de la LACAP), es un germen que posibilita a actos de corrupción, en la medida que no controlemos a los funcionarios que hacen gastos públicos estamos casi permitiendo y flexibilizando que se pueda (cometer) corrupción”, concluyó Abrego.
