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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Por considerar que las medidas que en el pasado eran extraordinarias y la Asamblea Legislativa convirtió en permanentes en la Ley Penitenciaria, que dan excesiva discrecionalidad a los titulares de los Centros Penales, Cristosal y Azul Originario presentaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de inconstitucionalidad a tales disposiciones.
Para los representantes de las organizaciones de derechos humanos, las medidas implementadas actualmente por el Ejecutivo son violatorias de derechos y del proceso de reinserción a la sociedad de los privados de libertad.
“Estas disposiciones implican tortura, trato cruel, inhumano y degradante; estamos impugnando estos tres artículos porque violan el derecho a la integridad, pero también viola el articulo 17 que establece que el fin de la pena es la re socialización de las personas privadas de libertad”, dijo Abraham Ábrego, director de Acompañamiento a Víctimas de Cristosal.
El representante de Cristosal sostuvo que la falta de contacto de los privados de libertad con sus familiares, y particularmente con los niños también impacta en el derecho a la reunificación familiar de los hijos de los privados de libertad, por tanto viola derecho constitucional.
La demanda se basa en una análisis de los impactos ocasionados en los derechos humanos por las denominadas medidas extraordinarias, que luego la Asamblea Legislativa convirtió en permanentes en los centros penitenciarios mediante una reforma a la Ley Penitenciaria.
Para los solicitantes de la demanda de inconstitucionalidad todas las medidas relativas a la separación permanente o prolongada de las personas privadas de libertad de sus familiares constituye tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos por la Constitución de la República y tratados internacionales.
