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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Esta mañana, la Fundación Cristosal presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del “Régimen Especial Transitorio para la Adquisición de Bienes y Servicios y para la Ejecución de Obras y todo tipo de inversión por parte del Estado», ya que este decreto facilita procesos de compras “fraudulentas”.
Habrá que recordar que el 24 de abril, la Asamblea Legislativa de mayoría oficialista aprobó dicho decreto para supuestamente agilizar compras para combatir a grupos terroristas. Este decreto tendrá vigencia hasta que finalice el Régimen de Excepción. Con este decreto se salta la LACAP, que establece controles sobre el uso de fondos públicos.
Para Cristosal dicho régimen “distorsiona el sistema de contratación pública establecido por la Constitución en el uso de poderes de emergencia, violenta los principios y valores de no discriminación, publicidad, libre competencia, igualdad, ética, transparencia, imparcialidad, probidad, centralización normativa y descentralización operativa, que deben regir las compras con fondos públicos para la optimización de estos y la buena gestión administrativa”.
Jonathan Cisco, abogado de Cristosal, consideró que “se gobierna por decreto”, pues la Cn. prohíbe que una misma persona u Órgano de Estado, ejerza funciones Legislativas y Ejecutivas al mismo tiempo; justamente, el Legislativo le concedió a la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC), una dependencia del Ministerio de Hacienda, la facultad de aprobar la normativa que el Ejecutivo aplicará en los procesos de adquisiciones y contrataciones. Es decir, el Ejecutivo será la autoridad que aprobará la normativa que luego aplicará.
