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Yaneth Estrada
@caricheop
Luego de un año de no contar con el Reglamento de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno, Cristosal elaboró una propuesta, que en los próximos días será entregada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, para garantizar su total cumplimiento, presupuesto y llevar una respuesta a las víctimas de este flagelo.
El Salvador registró 455,900 personas víctimas de desplazamiento forzado interno durante el 2019. De estas, 1,900 casos por causa de desastres y 454,000 por situaciones de violencia, según un informe del Observatorio de Monitoreo sobre Desplazamiento Forzado (IDCM por sus siglas en inglés).
Por lo que, en enero de 2020 se aprobó la ley, posteriormente publicada en el Diario Oficial, la cual necesita de un reglamento para su ejecución (con plazo de 90 días), que debe determinar los elementos sobre su organización, de forma que se hagan efectivas las respuestas estatales a las víctimas de los desplazamientos forzados internos en la protección y restitución efectiva de sus derechos.
De acuerdo con las cifras de la Dirección de Información y Análisis (DIA), adscrita al Ministerio de Seguridad, las repatriaciones desde Estados Unidos, hacia El Salvador, fueron de 7.012 personas en 2020. En el mismo lapso del año 2019, el Gobierno de Donald Trump deportó 17.921 personas, una diferencia a la baja de 10.909 retornados, de acuerdo con los datos oficiales.
Vanesa Martínez, quien es abogada de Cristosal, aseguró que actualmente hay uno o dos elementos que se están cumpliendo en diferentes partes del país, aunque la ley no habla de un (elemento) sino de establecer una verdadera red. “Entonces, podemos ver que sí está funcionando la parte de atención a víctimas, pero no se desarrolla con todas las actividades que establece la ley, y no tiene todos los elementos que nosotros planteamos y que facilitarían el cumplimiento de todas sus facultades”, detalló.
Martínez agregó que “existe un registro de víctimas, pero no con el alcance que se necesita, no tenemos una política, ni un plan de acción, así que vemos una dificultad de cómo va a funcionar y cómo va a dar respuesta a las víctimas. Por eso, el propósito de Cristosal, con este reglamento, es que se de total cumplimiento a la ley”.
Además, Cristosal exhortó a realizar los esfuerzos necesarios para que se designe en el Presupuesto General de la Nación los recursos que se requieren para atender lo dispuesto en la ley, lo cual no ha ocurrido hasta la fecha. De acuerdo, a Ricardo Castañeda, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales(ICEFI) y con base en los datos en Ministerio de Hacienda, el presupuesto aprobado para 2021 de la Atención Integral a Víctimas, del ramo de Justicia y Seguridad Pública es de $230, 335 lo que significa un recorte del 13.4 %, con respecto al presupuesto aprobado en 2020.
Mientras que en el presupuesto actual la Atención Integral a víctimas representa el 0.01 % del Ministerio de Defensa, es decir, por cada $100 para el Ejército se destina un centavo a la Atención Integral a Víctimas.
