Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Por décadas, las víctimas del conflicto armado en El Salvador han exigido verdad y justicia, sin obtener respuestas claras ni avances sustanciales. La impunidad sigue siendo una constante, con crímenes graves como las masacres de Santa Marta y la penalización del juicio por la masacre de El Mozote”, expresa CRISTOSAL.
“Esto contrasta con la celeridad en el caso ADES-Santa Marta, donde cinco ambientalistas, conocidos por su lucha contra la minería metálica, enfrentan acusaciones”, agrega la institución defensora de los Derechos Humanos.
El 10 de abril de 2024, el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque envió a juicio a los cinco defensores: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, sin contar con evidencias sobre un asesinato cometido presuntamente en 1989, en el año de la ofensiva guerrillara más amplia ejecutada por el entonces guerrilero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
A 20 meses de una “persecución judicial”, como han calificado líderes comunitarios de Santa Marta y organizaciones sociales, los cinco ambientalistas en arresto domiciliar, desde septiembre de 2023, se encuentran esperando la Vista Pública este próximo 8, 9 y 10 de octubre próximo.
“La lucha de las víctimas por la verdad y justicia siempre ha sido pacífica, mediante la aplicación debida de la ley. El avance de procesos cargados de arbitrariedades o sesgos solo supone una manipulación que termina revictimizando a quienes sufrieron esas atrocidades, y que llevan décadas esperando por el acceso a procesos judiciales independientes e imparciales”, señal CRISTOSAL.
“También preocupa el posible interés del gobierno en reactivar la minería metálica, prohibida desde 2017. Mientras tanto, la falta de avances en casos como las desapariciones forzadas y el bloqueo de archivos militares históricos demuestran que las acciones del Estado favorecen la impunidad de los responsables de los crímenes de guerra”, añadió CRISTOSAL.
Caso ADES Santa Marta debe ser transparente y apegado a la ley
En cuanto a la acusación de la Fiscalía General de la República, que vincula a los cinco ambientalistas de Cabañas en un supuesto crimen, CRISTOSAL reitera que si bien estos delitos “no prescriben” , estos deben ser juzgados atendiendo el “debido proceso” para evitar la manipulación de la justicia.
“CRISTOSAL expresa su preocupación por las violaciones al debido proceso, incluida la falta de seriedad en la investigación fiscal y las restricciones a la libertad que han puesto en riesgo su salud e integridad”, manifestó.
“Los ambientalistas sufrieron ocho meses de incomunicación absoluta y posterior arresto domiciliario. Esta situación ha sido condenada por la relatora Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, quien ha solicitado su libertad”, argumentó CRISTOSAL.
Asimismo, reiteraron su llamado a las autoridades judiciales, para que “prevalezca la justicia” lo que demanda un proceso “sin sesgos ni manipulaciones políticas”. Alegando que solo un proceso justo y transparente garantiza los derechos humanos y la justicia para los ambientalistas, como para las víctimas de las atrocidades del pasado conflicto armado.
“La verdadera Justicia Transicional debe servir a las víctimas , no a los intereses de los poderosos”, concluye CRISTOSAL, a través de un comunicado.