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Redacción Nacionales
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Ante la sanción del decreto que reforma la Ley de la Carrera Judicial y su publicación en el Diario Oficial, Cristosal demandó al Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de magistrados de cámara y jueces de primera instancia y de paz mayores de 60 años destituidos de forma arbitraria, quienes estarían obligados la próxima semana a cesar en sus funciones.
La denuncia específicamente es contra la Asamblea Legislativa y el presidente de la República, Nayib Bukele, porque dichas reformas violan los derechos humanos, tanto de la población como de los servidores judiciales al expulsarlos de sus funciones, esta disposición incluye al juez Jorge Guzmán, quien está a cargo de la causa de la masacre de El Mozote y sitios aledaños.
Ruth López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, explicó que hay una representación de 56 jueces en la denuncia ante la CIDH, aunque esa cantidad podría ampliarse los próximos días, dado que las reformas a la Ley de la Carrera Judicial representa una forma del gobierno que no consulta, tal como también ocurrió con la Ley Bitcoin y otras acciones.
El Gobierno, para evitar protestas de la ciudadanía, ha dicho que se trata de «una depuración de jueces corruptos», sin desarrollar procesos individuales no solo para despedirlos, sino procesarlos de encontrarles actos de corrupción.
