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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En su informe situacional durante el período del 27 de marzo al 26 de abril, la organización de derechos humanos Cristosal, señaló diversas violaciones a los derechos humanos de la población salvadoreña, luego de aprobarse con dispensa de trámite la iniciativa del órgano Ejecutivo, para un régimen de excepción, a modo de paliar con un despunte de homicidios el último fin de semana de marzo.
El régimen de excepción suspendió por 30 días las “garantías constitucionales” que están enfocadas en la libertad de asociación y reunión (art.7 Constitución), al derecho a la información sobre las razones de su detención y defensa (art.12,inc.2 Cn), el límite de 72 horas (3 días) a la detención administrativa (art.13 inc.2 Cn) e inviolabilidad de las telecomunicaciones (art.24 Cn). Dichas medidas que fueron acompañadas de varias reformas al Código Penal y Procesal Penal, que sumó el incremento desproporcionado de penas a algunos delitos, que incluyen a menores de edad que puede ser desde los 12 años, y una Ley Mordaza para la prensa nacional, que todo en su conjunto consideró Cristosal, “Son reformas que vulneran garantías constitucionales del debido proceso y Tratados Internacionales suscritos por el país”.
En cuanto a la prórroga del Régimen de Excepción por 30 días más, que aprobó la bancada oficial del partido Nuevas Ideas, Cristosal señaló en su informe que no se cumplió el debido procedimiento basado en la primera justificación presentada por el Ejecutivo, por el incremento de homicidios.
“En este contexto, Cristosal ha hecho un análisis jurídico tanto del régimen de excepción como de las posteriores reformas y registró durante los primeros 30 días 140 denuncias relacionadas a vulneraciones a los derechos humanos”, señala.
Por lo que, a través de un seguimiento a estas vulneraciones Cristosal, identificó los principales derechos vulnerados y estableció los “patrones” de estas transgresiones durante la ejecución de estos procedimientos que utilizaron autoridades policiales (PNC), militares (FAES) y el sistema de justicia.
“En los 140 casos recibidos por Cristosal en dicho período se denunciaron detenciones arbitrarias. A partir de los casos verificados es posible presumir que en El Salvador se están produciendo miles de detenciones arbitrarias como resultado de la aplicación del régimen de excepción”, agrega Cristosal,
Y que “Todos los casos exponen haber sido detenidos por elementos de la PNC y/o FAES, en sectores con grandes segmentos de población empobrecida. En ninguno se contaba con orden judicial o administrativa para proceder con la captura, y se allanó de manera ilegal sus moradas, así como el despojo de sus pertenencias”, detalla el informe.
A esta situación también establecieron que los “perfiles” en su mayoría responden a personas jóvenes de bajos recursos económicos, y que la comunicación con sus familiares, ha sido una vez ingresados al sistema penitenciario es escasa o nula.
“Al menos cinco personas perdieron la vida por presuntos actos de violencia en su contra dentro de establecimientos penitenciaros, luego de sufrir presuntas detenciones arbitrarias en el marco del régimen de excepción. El Estado es responsable de la violación al derecho a la vida de estas víctimas y, particularmente, las autoridades responsables de su custodia, por omitir cumplir con su deber de garantes de la vida e integridad de personas privadas de libertad”, señaló.
Sobre las violaciones del derecho al debido proceso y garantías judiciales, Cristosal mencionó que los casos verificados les han permitido comprobar que bajo el régimen de excepción se están produciendo reiteradas violaciones a las garantías judiciales básicas, incluso, las que “no pueden ser suspendidas” por el régimen de este tipo que va en detrimento de miles de personas.
“En su mayoría, las personas familiares manifiestan estar incomunicadas con las personas privadas de libertad, así como que no se ha tenido un acceso a la defensa pública o privada, hasta cumplidos los quince días desde la detención”, indicó.
A lo que se suma que “la PGR ha sobrepasado su capacidad para representar a las personas que no tienen defensores privados, así como también que en la celebración de la audiencia no se les está dando el uso de la palabra, ni admitiendo la prueba documental que demuestra su inocencia”, sostuvo.
Sobres estas limitantes a la publicidad de los casos, adolecen también de proporcionalidad, puesto que dan cabida a que estos procesos “sean arbitrarios y sin garantías mínimas”, y que la Fiscalía General de la República tampoco está realizando de manera debida la aplicación de la detención provisional que es también proporcional, dejando en prisión preventiva cuando no se ha comprobado si se tienen indicios de culpabilidad de las personas.
“La niñez y la adolescencia ha experimentado vulneraciones tanto en sus comunidades como en centro de estudio, así como también son sujetos de requisas de sus propias pertenencias, como sus mochilas escolares. De igual manera, los cateos y allanamientos en sus hogares con excesivo uso de la fuerza y violencia contra sus padres resultan en afectaciones para su vida, sin mencionar la separación y el estrés de la detención de una persona de su núcleo familiar”, argumentan en el informe.
Sobre las denuncias recibidas por Cristosal, verifican que aunque en menor medida la detención de mujeres por parte de las autoridades, se han visto sobrepasadas en la labor del cuido pues en su mayoría buscan a sus familiares desaparecidos, incrementando sus gastos para transporte, alimentos, ropa y medicamentos al interior del centro penal y la documentación que deben presentar .
Sobre la población LGBTIQ+, Cristosal fue enfático en su informe al señalar que se ha expuesto a mayor vulnerabilidad al exponerlos y ridiculizar a las personas trans en las redes sociales institucionales.
“Con respecto a las personas con discapacidad es notoria la negligencia y desinformación por parte de las autoridades acerca de las discapacidades intelectuales y sensonriales, puesto que las detenciones y golpizas, en algunos casos, viene precedida de acoso y discriminación. Uno de esos casos más graves terminó con la vida de una persona con discapacidad que recibió una golpiza al interior de un centro penal”, sostuvo Cristosal.
