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Por Ramon Sahmkov
Washington/AFP
El gobierno de Estados Unidos reconoció que la normalización con Cuba «tomará años», al enfrentar el martes señalamientos por parte de legisladores demócratas y republicanos de haber abandonado la bandera de los derechos humanos en la isla.
La «completa normalización de las relaciones es un proceso que tomará años», dijo la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, durante una audiencia en el Congreso.
Estados Unidos y Cuba iniciaron reuniones en La Habana para avanzar en su acuerdo de restablecer relaciones, rotas en 1961, y abrir embajadas, en lo que la funcionaria, negociadora jefe de su país en los encuentros, calificó como un «primer paso».
Pero la normalización de los lazos bilaterales no será fácil, pues existen desacuerdos sobre puntos como derechos humanos y libertades civiles en la isla, la base naval estadounidense de Guantánamo y reclamos económicos por las nacionalización de activos estadounidenses durante los primeros años de la Revolución cubana.
Doce días después del inicio de las conversaciones bilaterales, la primera reunión de alto nivel entre ambos países en 35 años, el proceso de acercamiento fue vapuleado este martes en la subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado.
«Tengo profundas reservas y en muchas instancias me opongo directamente a muchos de los cambios (…) por la simple razón que creo que no serán efectivos en traer el tipo de apertura política en la isla de Cuba que todos deseamos», dijo el senador Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, quien presidió la sesión.
Para el senador demócrata Robert Menéndez, los 18 meses de negociaciones secretas entre Washington y La Habana terminaron en un «mal acuerdo para el pueblo cubano».
«Aunque pudo haberse hecho con la mejor de las intenciones, en mi opinión comprometimos principios fundamentales por virtualmente ninguna concesión» de La Habana, dijo.
No hay voluntad
El presidente Barack Obama pidió al Congreso levantar el embargo vigente contra la isla desde 1962, un punto contencioso en los vínculos de los países vecinos.
Hasta ahora un grupo bipartidista presentó una ley para acabar con todas las restricciones a los viajes hacia Cuba, pero su aprobación es improbable.
Figuras prominentes de la disidencia cubana hablaron en persona ante la subcomisión sobre las continuas violaciones a los derechos humanos en la isla.
«Cuba sigue siendo un país con un gobierno unipartidista donde las libertades fundamentales que son derechos absolutos en la sociedad norteamericana constituyen delitos contra lo que llamamos la ‘seguridad del Estado'», dijo Berta Soler, presidenta de las opositoras Damas de Blanco.
«Mientras estas condiciones prevalezcan no es posible hablar de una voluntad a (impulsar un) cambio por parte del régimen castrista», agregó.
Pero la activista Miriam Leiva, esposa del fallecido disidente Oscar Manuel Espinosa Chepe, pidió levantar el embargo.
Sin ilusiones
Jacobson insistió en que el gobierno estadounidense «no tenía ilusiones» sobre «las barreras a las libertades aun existentes para el pueblo cubano»· «La naturaleza del régimen cubano no ha cambiado», dijo por su parte el subsecretario para Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, Tomasz Malinowski.
Aunque La Habana excarceló a 53 detenidos que Washington consideraba presos políticos, a la vez ha realizado detenciones de breves períodos contra unas 140 personas desde que ambos gobiernos anunciaron en diciembre la intención del acercamiento.
Pero los dos funcionarios resaltaron que el embargo de medio siglo no benefició a los cubanos y aisló a Estados Unidos en la región.
Además, Jacobson prometió que la iniciativa busca la promoción del cambio democrático en Cuba y que Estados Unidos no renunciará a sus principios, como la interacción con grupos de disidentes en Cuba.
La negociadora jefe de Cuba, Josefina Vidal, había señalado que La Habana solo aceptará la exigencia de Washington de que sus diplomáticos tengan libertad para viajar libremente por la isla si hay un «cambio en el comportamiento de la misión y sus diplomáticos», acusados de estimular y financiar a la disidencia cubana.
Pero Jacobson insistió que «no puedo imaginar que avancemos a la próxima etapa de nuestras relaciones diplomáticas con un acuerdo de no ver a los activistas democráticos».
