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La corrupción en El Salvador ha sido una constante en la historia del país, lo cual ha llevado a una crisis estructural en lo económico y social, que ha afectado el desarrollo de las fuerzas productivas y ha profundizado la pobreza del 85% de los hogares salvadoreños y en contrapartida se denuncie la existencia de 160 personas que tienen capitales que rondan los 20,000 millones de dólares, lo cual no incluye lo que se han llevado las Empresas Transnacionales y los Bancos Internacionales, relacionados con corrupción en los préstamos o la evasión e ilusión de impuestos, donde podríamos estar hablando de casi 100,000 millones de dólares, según se demostró en el anterior artículo publicado en la Carta Económica (La propuesta económica que ARENA y los Organismos Financieros Internacionales quieren imponer al Gobierno, es un callejón hacia el precipicio para el pueblo y el FMLN ) y que fue mencionado por el presidente de ADESES en su última intervención en Órbita TV .
En la incansable lucha de dar a conocer los hechos de corrupción acaecidos en nuestro país, que se volvieron una cosa sistémica con la implementación del neoliberalismo por los 4 Gobiernos de ARENA, como Equipo Editorial de la Carta Económica, de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador (ADESES), hemos investigado y publicado casos concretos a fin de que las autoridades correspondientes tomen en cuenta nuestros hallazgos y profundicen las indagaciones, asimismo para que la población se de cuenta de quienes han sido los culpables de defraudar las arcas del Estado.
En ese compromiso de ventilar los hechos de corrupción es que el Presidente de ADESES, Salvador Arias, en su calidad de ciudadano, interpuso una denuncia que fue recibida por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la cual solicita que se investigue el posible enriquecimiento ilícito de los expresidentes del partido ARENA: Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca, y de algunos exfuncionarios que acompañaron la administración de los exgobernantes; luego de admitida la solicitud, el documento fue enviado a la Sección de Probidad de la CSJ para que se realicen las respectivas averiguaciones.
La denuncia fue interpuesta el pasado 15 de noviembre del año en curso y fue acompañada, de estudiantes universitarios, campesinos, sindicatos y profesionales que vienen en los últimos 5 años respaldando todas las iniciativas de ADESES y su Presidente. A continuación se muestra un extracto del documento legal presentado:
“Yo, José Salvador Arias Peñate, mayor de edad, economista, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de la Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número cero dos millones quinientos dieciséis mil setecientos diecinueve-cuatro, de conformidad al articulo 73 ordinal. 2° de la Constitución de la República (en adelante Cn), a Ustedes con el debido respeto, MANIFIESTO:
Que con base al artículo 240 de la Cn., la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y la Convención Interamericana contra la Corrupción, vengo a promover la presente DENUNCIA DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO, y considerando el art. 10 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, en adelante LEIFEP, sobre la base de la transparencia y el derecho de petición y respuesta en su manifestación del derecho a estar informado y al de requerir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de todo funcionario público –Art. 73 ord. 2° Cn, Art. 18 Cn. y Ley de Acceso a la Información Pública-, por tener sospechas fundadas de haberse enriquecido ilícitamente a costa de la Hacienda Pública ”, en contra de los expresidentes Alfredo Cristiani, Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca; además de algunos exfuncionarios del gabinete de gobierno en la administración de ARENA: Juan José Domenech, Sigifredo Ochoa Pérez, Romeo Majano Araujo, Guillermo Sol Bang, Miguel Lacayo, Ana María Majano Guerrero, José Luis Trigueros, Carlos Perla, Carlos Humberto Figueroa, Roberto Mathies Hill, Raúl García Prieto, David Gutiérrez, José Mariano Pinto, Guillermo Maza, Rodrigo Ávila, Juan José Daboub, Walter Araujo, Enrique Rais, entre otros.
La denuncia parte de los hallazgos realizados luego de una investigación y posterior publicación del libro “MANUAL DE LA CORRUPCIÓN DE ARENA (1989-2013), de la autoría del Dr. Salvador Arias, en la cual hizo un estudio científico y sistemático de los actos de corrupción realizados por los funcionarios de los gobiernos comprendidos entre los años 1989 y 2013.
La metodología que usó para la elaboración del libro se basa fundamentalmente en tres componentes, primero, una investigación periodística de los matutinos de mayor circulación (La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, Diario Co Latino y El Mundo) que consistió en revisar y extraer todo indicio de corrupción en más de 15,000 ediciones desde junio de 1989 hasta 2013, de la cual se obtuvieron 241 casos de indicios de corrupción llevados a cabo durante esas gestiones presidenciales; segundo, una revisión y análisis del índice legislativo durante el mismo período, componente del cual se obtuvieron 22 denuncias realizadas por diferentes actores: partidos políticos, Corte de Cuentas, Fiscalía General de la República y sociedad civil); tercero, se obtuvieron denuncias aparecidas en los periódicos digitales La Página y El Faro, también algunos casos denunciados por Transparencia Activa; además, se tomó en cuenta la declaración del ex embajador de los Estados Unidos de Norte América en El Salvador, Dr. Barclay sobre la corrupción fiscal, quien se basó en una investigación que dicha embajada hizo al interior del Ministerio de Hacienda. A partir de esta información y otras informaciones provenientes del Ministerio de Hacienda, se desarrolló una metodología para elaborar los cálculos propios sobre la evasión y elusión fiscal; todas estas fuentes permitieron la construcción y llenado de la base de datos que se presentan como prueba de la denuncia.
Tan efectiva es la investigación, que en el caso del ex Presidente Elías Saca, actualmente investigado y procesado por actos de corrupción, el equipo de ADESES ya había adelantado sus irregularidades. En la pág. 161 del libro citado mencionamos: “Para la embajada, el principal responsable de haber creado una imagen de corrupción ante los salvadoreños era el mismo Saca, un hombre de negocios y ex presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), presidente del emporio radial Grupo Samix, que tiene 12 radioemisoras y ahora candidato presidencial por el movimiento UNIDAD. “Saca construyó una máquina de hacer dinero mientras estuvo en el poder”, escribió Robert Blau, el entonces encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en El Salvador, en un cable etiquetado como Confidencial, la tarde el 27 de octubre de 2009”.
Esta situación dio mayor credibilidad y certeza a nuestro estudio, y por tanto, es viable afirmar que la investigación plasmada en el libro arroja fuertes y contundentes indicios de enriquecimiento ilícito, en consecuencia, se convierte en obligación imperiosa de los Magistrados de la CSJ, de acuerdo a la Constitución, en proceder a las respectivas verificaciones de las declaraciones patrimoniales de los denunciados.
La investigación refleja que durante el gobierno de Alfredo Cristiani hubo 30 indicios de corrupción en el cual se estima un monto de $3,430,495,342; asimismo, hubo 17 casos que no registran cifras pero si hay indicios de corrupción.
Durante el gobierno de Calderón Sol se han contabilizado 42 casos que suman $499,366,209 y 41 casos sin especificar montos. Por otro lado, en el gobierno de Francisco Flores se presentaron 46 indicios de corrupción por un monto de $8,136,187,878 y 37 casos sin estimar cifras. Mientras que durante la gestión presidencial de Antonio Saca se contabilizan 26 casos por un monto de $490,163,890 y 18 que no tienen la estimación de corrupción. En total, según las publicaciones periodísticas existen 257 indicios de corrupción que se dieron durante los cuatro periodos presidenciales de ARENA.
Sin duda, con el trabajo que haga la Sección de Probidad, a donde la Corte en Pleno trasladó esta denuncia de enriquecimiento ilícito, tanto los montos mencionados como los implicados crecerán, dado que la ley establece que debe investigarse no sólo al directamente implicado, sino que igual a la familia y aquellos que administraron o fueron muy cercanos a sus administraciones. Es decir que estamos abriendo una puerta muy ancha de lo que ha implicado la corrupción pública en El Salvador y su relación con la corrupción privada en cuanto a los Fondos del Estado, que igual deben ser investigados.
La denuncia sobre indicios de enriquecimiento ilícito de los exfuncionarios que se han mencionado es respaldada, además del libro Manual de la Corrupción de ARENA (1989-2013), por los siguientes medios probatorios: base de datos electrónica y una matriz en hoja electrónica que respalda el material del análisis del libro y señala las fuentes de información que originan los señalamientos que se hacen; asimismo, se pide a la CSJ que cite como testigos a los señores José Mauricio Cáceres, exjefe de la Sección de Probidad de la CSJ, y al actual Jefe y personal de la misma. La CSJ podrá conocer del manejo irregular de la Sección de Probidad, que ha permitido deliberadamente y con complicidad, la prescripción de juicios de enriquecimiento ilícito, en el sentido de conocer las órdenes recibidas y los acuerdos tomados por Corte Plena y sus expresidentes, para bloquear y limitar las capacidades operativas de la Sección para el cumplimiento efectivo de sus deberes.
Además, podrá conocer si existe de igual manera complicidad de las jefaturas de esa Sección de Probidad para el cumplimiento de las obligaciones de ley que la materia les imponen.
Importante es mencionar que la Constitución y la LEIFEP regulan un plazo de prescripción de diez años para la acción civil de enriquecimiento ilícito. Con relación a lo anterior, el magistrado de lo Penal, Leonardo Murcia afirma, según la noticia publicada ayer por La Página, que “es inadmisible que algunos abogados digan que ya pasó mucho tiempo y no se puede investigar… No es posible que digan que no se puede aplicar la ley (a casos antiguos). Lo que no prescribe, porque no se legitima, son los capitales sucios, esos nunca se van a limpiar, nunca se van a lavar… El capital sucio, sucio se queda y el capital sucio ensucia el capital limpio”.
La nota informativa menciona que el magistrado reconoce que algunos delitos prescriben con el tiempo, pero apunta que para el tema de corrupción fue creada la Ley de Extinción de Dominio justamente para “combatir la criminalidad, las organizaciones criminales”, independiente al tiempo en que se cometieron los ilícitos.
Este plazo nos obliga a delimitar la estrategia de actuación por la Corte Suprema de Justicia, en el sentido que resulta de mayor prioridad que se investigue los casos ya prescritos y los que están próximos a prescribir, por la razón que entre más tiempo trascurra más peligro se corre de no recuperar lo adquirido ilegítimamente. Lo anterior implica que así como la Corte Suprema de Justicia le ha dado prioridad a las investigaciones de los expresidentes Saca y Funes, también tiene obligación de dar igual o más prioridad a las investigaciones de indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente Cristiani y Calderón Sol.
Debe tenerse muy en claro, que lo que prescribe es únicamente la acción de iniciar un juicio civil por enriquecimiento ilícito, PERO NO PRECRIBE LA OBLIGACIÓN DE LA CSJ DE INVESTIGAR EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO.
En otras palabras, la CSJ está siempre obligada a cumplir con la fase administrativa consistente de “comprobar la veracidad de la declaración” que le has ido presentada, independientemente que haya transcurrido o no el plazo de prescripción.
Si por haber prescrito la acción aludida, se vuelve imposible que la Corte cumpla con el siguiente momento de la fase administrativa de ordenar que se inicie el respectivo juicio por enriquecimiento ilícito sin causa justa, no importaría, porque en todo caso, sí estarían en la obligación de informar a las autoridades respectivas de los hallazgos de indicios para que sean estas otras autoridades las que comiencen las acciones legales pertinentes, precisamente sobre la base de los resultados de las investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de esa Corte.
De esta forma la CSJ colabora efectivamente con el combate a la corrupción, además que le serviría para identificar qué expresidentes y exmagistrados de esa Corte, omitieron en este tema sus respectivos deberes, lo que daría lugar a las investigaciones pertinentes para deducir las responsabilidades correspondientes, particularmente para los señores Agustín García Calderón y José Belarmino Jaime, en cuyos períodos presidenciales no existió ninguna investigación, incluso, el primero bloqueó las acciones de la Sección de Probidad, y el segundo, nada hizo para devolverle sus atribuciones, o sea que infringió la Ley por omisión.
No es válido afirmar que el plazo de diez años ha transcurrido para impedir las investigaciones que se denuncian; afirmarlo, despierta la evidencia de la complicidad de ciertos magistrados para no combatir la corrupción de ciertos funcionarios, y despertaría la razonable sospecha que hoy por hoy hacen investigaciones seleccionadas, dependiendo del interés político, lo cual sería además de reprochable y anti ético, un delito penal y una falta a sus deberes de la Ley de la Carrera Judicial.
Si se demuestra la culpabilidad de los funcionarios involucrados y se aplica la LEIFEP podría recuperarse parte de los miles de miles de millones que se le han robado al Estado y pueblo salvadoreño. El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez ha dicho que se aplicará la LEIFEP, por lo tanto, esperamos que si se demuestra culpabilidad esto se cumpla.
Por otra parte, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, ha cuestionado a la Corte de Cuentas por dar finiquitos a algunos funcionarios que parecen estar vinculados al enriquecimiento ilícito, con relación a lo anterior el magistrado dijo a los medios de comunicación: “da la impresión que fue entregada esta constancia, este documento, únicamente para maquillar una aparente transparencia en el manejo de los fondos”.
Lo expresado por el magistrado es una forma de quitarse la responsabilidad, sin embargo, eso no exime culpa ya que constitucionalmente son los Magistrados de la CSJ los responsables de evitar ese tipo de fallas. La obligación de la CSJ deriva del art. 240 de la Constitución y de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, por tanto, los primeros obligados en advertir la corrupción son los magistrados de la CSJ, lo cual ha sido omitido todo este tiempo y, por ello, nos vimos en la necesidad de presentar la demanda a efectos de que la CSJ cumpla con su deber de verificar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios que creemos, han aumentado su patrimonio ilícitamente con dinero del pueblo, a fin que sea de conocimiento público quienes son los responsables directos de la situación financiera actual del Estado, y sobre todo, para que se les procese y se recuperen los bienes obtenidos ilícitamente por ellos.
Esperamos que las investigaciones se profundicen y según los hallazgos se proceda a aplicar lo que la ley manda, solo de esta manera se podrá constatar que el país busca enrumbarse a un camino libre de corrupción e impunidad.
