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Gloria Orellana
@DiarioCoLatino
La Corte Suprema de Justicia en sesión de Corte Plena declaró y dejó en firme que no existen acciones que indiquen delitos de “enriquecimiento ilícito” de los exfuncionarios de los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN): Manuel Melgar, exministro de Justicia y Seguridad Pública, y Henry Campos, exviceministro de justicia y Seguridad Pública, durante la administración del expresidente Mauricio Funes.
En sesión plena celebrada el pasado 28 de septiembre del presente años, y que consta en el acta 79 del máximo tribunal judicial, se establece la petición del Jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, institución adscrita a la Corte Suprema de Justicia, que se declare “que no existen indicios de enriquecimiento ilícito” por parte de ambos funcionarios, según el documento que no presenta mayores argumentos, y que es la base para la decisión final.
Los señalamientos contra ambos exfuncionarios se enmarcan en la supuesta “investigación” que ordenó el Fiscal Rodolfo Delgado, designado por la administración del presidente Nayib Bukele, y que formó parte de la autodenominada “Operación Desfalco”, que incluyó, además, a otros ministros que guardan prisión desde julio pasado, siendo ellos: Violeta Menjívar, Carlos Cáceres, Calixto Mejía y los exviceministros: Hugo Flores y Erlinda Hándal.
El acta solo registró que los actuales magistrados que fueron impuestos el uno de mayo pasado, votaron en contra, mientras que los otros 10 magistrados votaron a favor, con lo que liberan los señalamientos de los exfuncionarios, y que fue la magistrada Elsy Dueñas, la encargada como presidenta en funciones de la Corte Suprema de Justicia, quien se encargó de exonerarlos.
Las capturas y órdenes de captura contra los exfuncionarios de los gobiernos del FMLN han sido calificados por entendidos en la materia y defensores de los derechos humanos, como una persecución política del gobierno del Nayib Bukele.
Lo anterior no solo queda demostrado con la resolución de Corte Plena de la CSJ, sino cuanto la INTERPOL rehusó perseguir internacionalmente a los exfuncionarios perseguidos por la Fiscalía del presidente Bukele.
