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@JoakinSalazar
Rodolfo González, pills magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), confirmó que para iniciar el proceso que determine la posible extradición de los militares capturados por Policía Nacional Civil (PNC), por difusión Roja de INTERPOL, esperan la solicitud formal del Reino de España, la cual deberá ser analizada en Corte Plena. González afirmó que se da continuidad al trámite normal adecuado, para poder decretar o no la extradición de los militares en situación de retiro, solicitados por España por su vinculación en el asesinato de cinco padres jesuitas, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en noviembre de 1989.
El magistrado explicó el proceso a seguir: “alguien es detenido y puesto a la orden de la Corte, lo que corresponde, según los tratados distintos, poner en conocimiento del Estado donde pertenece el juez, para que formalice la petición y se inicie, es simplemente, dar trámite”.
De acuerdo al magistrado, la Secretaría General informó que a inicios de esta semana se le ponía en conocimiento de las capturas al Reino de España, para que formalizara la situación e inicie el proceso de solicitud.
En el tema, el Magistrado González informó que Sidney Blanco y Florentín Meléndez se excusaron de conocer el caso de los militares capturados por el caso Jesuitas, hecho que ha retrasado el proceso de discusión en cuanto a recursos de Hábeas Corpus a favor de ellos.
“Se nos ha retrasado un poco el trámite porque dos colegas se han excusado de conocer el caso, por lo que hemos llamado suplentes para integrar el tribunal, de las peticiones, de Hábeas Corpus”, externó.
El recurso de Hábeas Corpus fue solicitado por la defensa de los militares implicados en el asesinato de los Jesuitas, con la finalidad de que se les respeten sus derechos e impedir su extradición a España, donde son requeridos por la Audiencia Nacional de España. Asimismo, el magistrado agregó que sigue en discusión la demanda de inconstitucionalidad de La Ley de Amnistía, la cual continúa en agenda. “Casi habíamos cumplido con un borrador de la sentencia, pero tenemos que definir las posiciones”, afirmó. De momento no hay un plazo definido para emitir sentencia de este caso.
Resolución 900 millones
En otros temas, Rodolfo González indicó que sigue en estudio la demanda de inconstitucionalidad del decreto que permitía la emisión de bonos por $900 millones, fondos que irían destinados para Seguridad, educación y salud.
González señaló que existen diversas actuaciones que se están evaluando para emitir una sentencia, la cual es si es o no válido el voto de los diputados suplentes para el decreto que da vida a la emisión de bonos.
“Nosotros respetamos todas las posiciones que se presentan, pero también hemos visto un borrador de sentencia, estamos a la espera, no podemos decir fecha”, dijo el magistrado.
Y es que con esta demanda de inconstitucionalidad se ha detenido proyectos y programas para beneficio de la población salvadoreña, mismo que mantiene bloqueada la Sala de lo Constitucional como medida cautelar.
