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En una reciente investigación realizada por la Revista FACTum, medio informativo digital, reafirmó que la Sección de Probidad pasó desapercibida entre los años 90 hasta el 2009, informes patrimoniales de los funcionarios de los Gobiernos de ARENA, los fueron archivados y algunos de estos dejaron que se “perdieran”.
Por medio de una serie de memorándum, la revista digital demostró que gran parte de los funcionarios de los Gobiernos de Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores, reportaron irregularidades en sus informes patrimoniales, pero pese a la insistencia de la Sección de Probidad, estos fueron ignorados por el presidente de la Corte Suprema de Justicia entre el 2000 y el 2009, Agustín García Calderón.
“La Corte Suprema impidió investigar, entre otros, lo patrimonios del expresidente Alfredo Cristiani, de Francisco Merino, ex vicepresidente y en la actualidad diputado por el PCN; del excanciller Ramón González Giner, uno de los hombres más cercanos al expresidente Armando Calderón Sol; o de Romeo Melara Granillo, ex fiscal general de la república”, establece el reportaje.
Asimismo, explica que “García Calderón, al no informar a Corte Plena de los hallazgos hechos por su jefe de Probidad, impidió también profundizar investigaciones al expresidente Francisco Flores y varios de los miembros más influyentes de su gabinete, como Juan José Daboub, quien fue secretario técnico y ministro de Hacienda”.
La investigación realizada por la Revista FACTum surge en momentos en que el partido ARENA aparece involucrado en el caso de “Bonificaciones Especiales”,
también en el supuesto mal uso de la Partida Secreta, de la que se destinaron más de $322 millones de dólares a ex funcionarios.
Según memorándum emitido por José Eduardo Cáceres Chávez, entonces jefe de la Sección de Probidad, con fecha del 31 de octubre de 2001, se realizó un informe sobre la situación en la que se encontraba Probidad al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón.
La Sección “estaba casi inactiva y durante más de un año había permanecido sin jefe sus funciones se limitaban a recibir y archivar sin análisis alguno las declaraciones de los patrimonios que preste escasamente se presentaban así como iniciar algunos procesos para imposiciones de multa”, establece el memorándum.
De acuerdo a los escritos gran parte de los funcionarios de los dos gobiernos de ARENA, incluyen funcionarios con reportes de pérdidas en su periodo como empleados públicos, sin embargo, este recurso era utilizado para evadir el pago del impuesto de la renta, afirma la Sección de Probidad, motivo por el que debía ser investigado.
En los documentos de más de cien páginas, reconoce una serie de ex funcionarios a los que el Jefe de la Sección de Probidad reportaba ante la presidencia de la CSJ, para que está lo remita a corte en Plena, para abrir investigación a profundidad, pero esto nunca paso.
1994 -1999
En el Gobierno de Armando Calderón Sol, segundo Gobierno de ARENA, José Eduardo Cáceres reportó una serie de incidencias que ameritaban una investigación, puesto que gran parte de los informes que entregaban los entonces funcionarios de Gobierno era solo el reporte final patrimonial o el inicio, y sin reportes de los miembros de la familia.
“En la mayoría de estos casos, Cáceres reportó que había persistente, una falta de compromiso para entregar completas las declaraciones juradas de patrimonio, por lo que había omisiones en las presentaciones de inmuebles y de ingresos de los funcionarios y de sus familiares”, explica la Revista FACTum.
El incremento patrimonial más escándalos, según el informe, es el del entonces ministro de Relaciones Exteriores Ricardo Ramón Ernesto González Giner, quien reflejó un aumento de 17 millones 246 mil 898.42 colones ($1,971,074.11), que ameritaba una explicación.
“A González Giner le siguieron otros funcionarios con incrementos significativos como el de Alfredo Cristiani, expresidente de la República, en su calidad de diputado del Parlacen. A Cristiani se le reportó un aumento patrimonial de 4 millones 565 mil 674.52 colones ($521,791.37). El expresidente no reportó detalles patrimoniales de su grupo familiar”, establece.
De igual manera, Romeo Melara Granillo, como fiscal general de la República y como director del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), refleja un aumento de 4 millones 383 mil 054.50 colones ($500,920.51) en un período de un poco más de nueve años en que se desempeñó en los dos cargos públicos.
El presidente del Banco de Fomento Agropecuario (BFA), Raúl Francisco García Prieto, tuvo irregularidades que reflejaron un incremento patrimonial pero que solo fue detallado en porcentajes por el jefe de Probidad, a razón de 36.44% anual durante su período.
En el informe de 1999, Cáceres explica que “existe una casi generalizada reticencia de los funcionarios públicos a declarar su patrimonio, limitándose a cumplir con el requisito formal de presentar una declaración jurada, lo cual no es un instrumento adecuado para reflejar el estado patrimonial y eventual enriquecimiento”.
1999 – 2004
El Gobierno de Francisco Flores, ha sido también uno de los que se encuentra reflejado en los informes presentados por la Sección de Probidad, en este caso fue presentado el 21 de febrero de 2005.
El documento denominado “Reporte de evaluación del patrimonio de servidores públicos cuya comparación a la toma de posesión y cese de funciones (período 1999-2004) amerita comentarios”, también remitido por Eduardo Cáceres, jefe de la Sección de Probidad.
Debieron ser investigados María Eugenia Brizuela de Ávila, ministra de Relaciones Exteriores; Juan José Daboub Abdalá, secretario técnico de la Presidencia de la República; Carlos Mauricio Duque González, viceministro de Obras Públicas; Miguel Ernesto Lacayo Argüello, ministro de Economía; Edgar Ramiro Mendoza Jerez, presidente del Fondo Social para la Vivienda; Ruy César Miranda González, presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
Además de Enrique Molins Rubio, presidente del INDES; Aldo Vinicio Parducci Meléndez, secretario privado de la Presidencia; Mauricio Ramos Falla, director del ISSS; Guillermo Alfredo Sol Bang, presidente de CEL; Flavio Villacorta Ibarra, director ejecutivo del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE); Carlos Quintanilla Schmidt, vicepresidente de la República; y el mismo presidente Francisco Flores, fueron los funcionarios que ameritaban ser investigados.
En el informe de Probidad se identificó que Brizuela de Ávila reportó una disminución de sus deudas por $107,894.12 que no se reflejó en sus egresos, así como una donación familiar que recibió por $97,786.12 que necesitaba ser verificada.
“Mientras que las dudas sobre Daboub Abdalá se enfocaban en falsedades detectadas en constancias hechas por contadores de diversas empresas que tenían redacciones idénticas. El secretario presidencial cambió las constancias pero nunca dio una explicación de esas falsedades a Probidad. También se le localizó una incongruencia sobre los fondos de una deuda que contrajo su esposa, en la que había contradicciones acerca de si era para la compra de un inmueble o para la construcción en un inmueble en Las Piletas, en La Libertad.
Probidad descubrió que la compraventa del inmueble databa de 1997, antes de su período como secretario”, explica la Revista.
Cáceres informó que, sobre Daboub Abdalá, se iban a verificar sus ingresos con el Ministerio de Hacienda y se iba a pedir información de la declaración de renta la sociedad La Pirámide, S.A. de C.V., del año 2002, ya que en ese año la sociedad repartió dividendos a la esposa de este funcionario que significaron un 217% de su participación.
También, probidad pretendió verificar un incremento patrimonial de $3,766,398 del ministro de Economía Lacayo Argüello.
En un principio, la justificación se encontraba en la venta por $3,910,928 de la sociedad Integración de Acciones y Servicios, S.A. de C.V., que era la propietaria del 90% de Baterías de El Salvador (caso Record), pero Probidad anotó que esta transacción ocurrió fuera de El Salvador, por lo que no se podía investigar.
“El presidente del Fondo Social para la Vivienda, Ramiro Mendoza Jerez, estaba puesto en una disminución de su patrimonio por $96,966.47, que él atribuyó al pago de colegiaturas de sus hijos en el exterior.
Por ello se buscaba pedir a los bancos información de saldos a favor y a cargo de él y de su esposa”, dicta el escrito.
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