Sin Corte Suprema de Justicia, sin Fiscal General y independiente y con una Asamblea Legislativa que sólo apreta el botón, el abogado Constitucionalista Enrique Anaya aseguró esta mañana que «apenas 12 minutos después de la divulgación de mi artículo en la columna semanal en EDH, la CSJ me notificó la iniciación de un procedimiento sancionatorio por ‘mala conducta profesional'». «Empieza la represión judicial», advirtió el abogado constitucionalista.
El pasado 9 de mayo, Anaya presentó dos demandas ante la Sala de lo Contencioso Administrativo en contra del pleno de la Asamblea Legislativa por considerar ilegal el nombramiento de tres magistrados para la Sala de lo Constitucional (impuesta por el Ejecutivo) y otra por una ilegalidad en el nombramiento de la Licenciada Elsy Dueñas.
Según el demandante, “el nombramiento está viciado de nulidad absoluta, ya que se prescindió total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido para la elección de magistrados de la CSJ, incluyendo la Sala de lo Constitucional”.
El 22 d mayo, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró improponible la demanda que interpuso el abogado Enrique Anaya contra el nombramiento de la magistrada Elsy Dueñas en la Sala de lo Constitucional.
Además en su última publicación, Anaya desmintió y cuestionó, en su columna semanal, algunas afirmaciones hechas por el magistrado Oscar López Jerez al defender su nombramiento como presidente de la CSJ, a pocos minutos recibió la notificación.
Cabe destacar, que desde la destitución de los magistrados de la CSJ y Fiscal General de la República, la Asamblea Legislativa, con mayoría oficialista, aprobó sin estudio previo la Ley de Bitcoin, múltiples préstamos, la “Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionados por la pandemia de COVID-19″.
Además de a solicitad del Presidente Nayib se pidió eliminar 5 artículos y un numeral del Código de Salud que quitarían requisito de permisos de Salud para construcciones, más un préstamos «ilegal» de $25 millones de dólares al ISSS para supuestamente equipar el Hospital El Salvador.
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