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Marisol Miranda
@DiarioCoLatino
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó el informe de rendición de cuentas del año 2017 donde se detallan las acciones realizadas por la Gerencia General de Administración y Finanzas, Dirección de Planificación Institucional, Instituto de Medicina Legal.
Iván Montejo, director de Planificación Institucional, explicó que en la gestión de adquisiciones y contrataciones se ejecutó el Plan Anual de Compras y el Proceso de Adquisición donde se invirtieron 31.7 millones de dólares en obras, bienes y servicios.
“Para el fortalecimiento de la estructura tecnológica y física del Órgano Judicial se han canalizado recursos, los cuales se han dividido en tres áreas, como la sustitución de 1,365 equipos que están distribuidos en salas, tribunales, juzgados y áreas administrativas; fortalecimiento de salas de audiencia para la modalidad de videoconferencia, teniendo como resultado 38 salas y mejoramiento de la conectividad electrónica”, dijo Montejo.
En cuanto a la Dirección de Planificación Institucional comentó que en el 2017 se aprobó el plan estratégico institucional 2017-2021, se crearon dos sedes judiciales en Santa Ana y San Miguel, así como la remodelación y ampliación del Instituto de Medicina Legal de San Miguel en un 67% de avance físico y el de Sonsonate en un 90%.
Pedro Martínez, director interino de Medicina Legal, detalló que los datos recopilados a nivel nacional son 57,909 peritajes en el 2017, en capacitaciones en ciencias forenses se registraron 1,564; 12 reportes estadísticos y 3,806 certificaciones de peritajes.
Asimismo, los indicadores demuestran que el porcentaje obtenido por el cumplimiento de servicios forenses es de 100%; emisión de dictámenes periciales y esquelas 70.9%; emisión de certificados forenses 87%; capacitaciones 98% e informes estadísticos un 100%.
Para Rosa Fortín, coordinadora de la Mesa Judicial, los logros obtenidos en administración de justicia están la creación de nuevas sedes especializadas, materia ambiental, materia especializada para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer, materia contencioso administrativo.
