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El FMLN advirtió que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) “quiere bloquear” el proyecto “exitoso” de modernización del transporte público de San Salvador, see conocido como SITRAMSS, ed con la admisión de una demanda de inconstitucionalidad presentada recientemente por un grupo de empresarios del transporte.
“Es ridículo que en El Salvador haya un sector de la sociedad que esté oponiéndose al SITRAMSS”, doctor declaró el diputado por el FMLN, Yohalmo Cabrera, al conocer que la polémica Sala de lo Constitucional, de la CSJ, había aceptado la demanda de inconstitucionalidad presentada por representantes de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños (AEAS).
La demanda de los empresarios contra el proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), que funciona con modernos autobuses articulados desde fines del año pasado, arguye que la iniciativa privada fue echada a andar en vías de circulación vehicular pública, en detrimento de la movilización de particulares.
El proyecto ha sido criticado por AEAS y otros empresarios del transporte público, quienes rehusaron participar en la iniciativa propuesta en 2013 por el gobierno del ex presiente Mauricio Funes, en un intento por modernizar la obsoleta flota de autobuses de los empresarios que se oponen al SITRAMSS.
A juicio del parlamentario del FMLN, “la Sala de lo Constitucional tiene una línea, tiene una ruta trazada, está en función con lo que el partido (político) ARENA está planteando, de bloquear, de obstaculizar y descalificar todo… quieren bloquear un proyecto que es exitoso”, dijo.
La presidenta del congreso, Lorena Peña, por su parte, exclamó que “por suerte, (que la Sala de lo Constitucional), no puso medida cautelar” contra el proyecto del SITRAMSS, es decir, que no prohibió la circulación de las unidades en las que, según datos oficiales, se movilizan más de 40 mil personas de manera diaria, principalmente de sectores populares del oriente capitalino.
Peña explicó que la potestad de regular el ordenamiento de las vías públicas compete al Viceministerio de Transporte (VMT), no a la Asamblea Legislativa, mediante la Ley General de Transporte.
El legislador por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, que resultaría “un poco complicado” suspender el proyecto del SITRAMSS, “porque está bastante avanzado”.
Francisco Merino, legislador por el Partido de Concertación Nacional (PCN), dijo que la admisión de la demanda de inconstitucional de los empresarios de AEAS, “demuestra que sí está funcionando el sistema (de Justicia), en cuanto a la garantía de los derechos de los ciudadanos”.
AEAS pide prórroga
Genaro Ramírez, presidente de AEAS, respaldado por diputados de ARENA, pidió el jueves al congreso la aprobación de una prórroga de cinco meses para la instalación de “validadores” en las unidades del transporte público de San Salvador, o aparatos para el cobro electrónico del pasaje en el transporte público.
“Nosotros estamos pidiendo una prórroga, porque la Ley vence el 31 de diciembre”, justificó el empresario del transporte.
Ramírez aseguró que los transportistas “no tienen los recursos, no tienen la logística” para incorporarse al nuevo cobro electrónico del pasaje en el transporte colectivo, impulsado en el marco de la modernización.
“No se puede obligar a los transportistas (a instalar los “validadores” y) que nosotros seamos los que obliguemos a los usuarios a pagar con tarjeta”, subrayó.
La iniciativa fue aprobada la madrugada de hoy viernes, por los diputados que dieron 90 días de plazo.
Contra “Motorratas”
La diputada por el PCN, Cristina López, también ha pedido al congreso que reforme la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, para exigir a los motociclistas y sus acompañantes el uso de chalecos reflectivos, con el número de placas de la unidad en la parte dorsal, “visible a una distancia mínima de diez metros”.
La medida buscaría la reducción de actos delictivos cometidos por conductores de motocicletas, conocidos popularmente como “Motorratas” que, además de asaltos, han cometido hasta homicidios y que han proliferado en los últimos meses en El Salvador.
“Es necesario la búsqueda de alternativas dentro del marco legal de nuestro país que permitan ir disminuyendo toda posibilidad del actuar de la delincuencia”, apuntó la parlamentaria.
