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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) quiere investigar al “Tin Marín” los casos de enriquecimiento ilícito, shop discount al haber aceptado una demanda de inconstitucionalidad contra la recientemente aprobada Ley de Probidad, seek drugstore sancionada en diciembre por el presidente Salvador Sánchez Cerén, viagra afirmó Jackeline Rivera, diputada por el FMLN.
“Su temor (el de la CSJ) es que se investigue el pasado (y) solo quieren investigar el presente y el futuro”, explicó la parlamentaria, al hablar sobre la decisión de la CSJ de estudiar un recurso de amparo por presunta inconstitucionalidad de la legislación, presentada este mes por organizaciones de derecha, como FUSADES.
La Ley de Probidad confiere a la Sala de lo Civil, de la CSJ, potestad de iniciar procesos administrativos contra aquellos funcionarios públicos cuya Declaración Patrimonial sea dudosa, y suprime esa facultad a la Corte en Pleno, es decir, a los 15 Magistrados que integran la CSJ.
“Lo que quieren (en la CSJ) es que se siga solapando” los casos de presunto enriquecimiento ilícito, para “que ellos decidan a discreción a quién se investiga en este país y eso no puede seguir siendo así, debe investigarse a todos por igual”, sentenció la diputada.
Las organizaciones de la derecha, enfiladas en el llamado “Grupo Gestor”, uno de los promotores de la Ley de Probidad, presentaron la semana pasada ante la CSJ un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Probidad, por “omisión de enriquecimiento ilícito”.
La CSJ ha explicado en su escrito que ha admitido la demanda por inconstitucionalidad presentada por la derecha, para estudiar si la “omisión” de enriquecimiento ilícito, “obstaculiza” la aplicación de la Constitución Política.
¿Temor en la derecha?
“A qué le tienen miedo, a que se investigue todo. O todos en el suelo o todos en la cama”, exclamó la funcionaria.
Rivera recordó que la Ley de Probidad aprobada por el congreso en diciembre pasado se vincula con la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado expropiar bienes a quienes los hayan hecho de manera fraudulenta, sin prescripción de tiempo.
Al respecto, Rivera aseguró que los implicados en actos de enriquecimiento ilícito en el pasado, si bien no pueden ser encarcelados, “si se les puede extinguir el dominio”.
“Con la otra ley (Ley de Enriquecimiento Ilícito) ellos (la CSJ) tienen la posibilidad de manosear los procesos”, advirtió Rivera, quien recordó que el ex presidente Francisco Flores, juzgado por presunta corrupción, y sus ex funcionarios, “no presentaron Declaración Patrimonial” ni antes ni después de haber iniciado su gestión.
“El país está perdiendo verdaderos juicios de investigación de enriquecimiento ilícito y verdaderas facultades de la Sección de Probidad, que no puede depender de la Corte en Pleno”, afirmó Rivera.
La parlamentaria no descartó que la cuestionada Sala de lo Constitucional, de la CSJ, emita un fallo de inconstitucionalidad contra “toda la legislación” de Probidad, porque “quieren que (la Ley de Probidad) se circunscriba al enriquecimiento ilícito (solo) si (un funcionario) roba al Estado”.
