Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@elder_gomez_2
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recortó $10.2 millones a su presupuesto de 2015, ampoule maniobra que fue aplaudida por los legisladores del congreso, cialis sale mientras la Fiscalía General ha solicitado $12 millones adicionales bajo la amenaza de despedir más de medio millar de empleados el próximo año.
La CSJ, pharm que había solicitado al congreso la aprobación de $ 275 millones, $20 millones adicionales al presupuesto de este año, anunció la víspera a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del parlamento, que estudian el Presupuesto General de la Nación 2015, que el “ajuste” presupuestario se había hecho por las medidas de “austeridad” decretadas por el gobierno.
Sin embargo, el Fiscal General, Luis Martínez, solicitó a los diputados de la instancia legislativa la aprobación de $ 55 millones para 2015, $ 12 millones más que el presupuesto destinado para este año, tras desmentir al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien esta semana había asegurado a los parlamentarios que el Ministerio Público quería $ 67 millones para su funcionamiento del próximo año.
“Con los $275 millones más o menos se podían suplir las necesidades (de la CSJ, pero) con el ajuste, ahora que el país está en austeridad… nos hace ahora a nosotros ajustarnos el cincho con los $ 264, 848,000”, aseguró a los parlamentarios el presidente de la CSJ, Oscar Pineda.
Martínez, por su parte, advirtió con tomar “medidas drásticas” con el recorte presupuestario realizado por el Ministerio de Hacienda, que dejó a la Fiscalía General con $ 44.2 millones para 2015, como la supresión de 688 plazas, 392 de fiscales y 296 de personal de apoyo.
Entre otras cosas, el incremento presupuestario solicitado por la CSJ sería destinado a remuneraciones de jueces y empleados de los tribunales, con un monto de $ 115.9 millones de los $ 147.1 millones solicitados para esa área, además de otros $ 158.5 millones para el pago de magistrados de las cuatro Salas que conforman el máximo tribunal de justicia del país.
“El presupuesto de $ 55 millones no tiene ni un peso más, ni un peso menos”, afirmó a los legisladores Martínez, quien hizo un recuento de las actividades que realiza la Fiscalía, entre las que sobresalen los litigios internacionales con empresas transnacionales y los más de 100 mil procesos que se ventilan en los tribunales salvadoreños.
Los legisladores se comprometieron a gestionar ante el gobierno el aumento presupuestario solicitado por el Ministerio de Público.
Aplauden a CSJ
Los legisladores aplaudieron el “ajuste” presupuestario realizado por la CSJ, tras ponerla de ejemplo a otras instituciones del Estado que han solicitado incremento presupuestario para el próximo año.
“Vemos con mucha complacencia que la Corte Suprema de Justicia está en esta dirección (de la austeridad)”, exclamó el diputado por el Partido de Concertación Nacional (PCN), Francisco Merino.
“Es una tarde histórica…(el ajuste presupuestario de la CSJ) es un mensaje, porque debemos hacer un sacrificio para sacar adelante el país”, declaró la parlamentaria de la opositora ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón, quien agregó que “me siento tan satisfecha de ver ésto”.
Rolando Mata, legislador por el oficialista FMLN, aseguró que el recorte presupuestario de la CSJ “está ajustado a la política de austeridad del gobierno”.
Depuración en CSJ
El parlamentario por la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), Guillermo Gallegos, agradeció al presidente de la CSJ haber realizado el “ajuste” presupuestario para 2015, pero hizo una “súplica” a Pineda y su equipo para depurar el cuestionado Organo Judicial.
Al respecto, la Magistrada de la CSJ, Doris Luz Rivas Galindo, reconoció que la depuración judicial, incluida en los Acuerdos de Paz de 1992 que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, es el “talón de Aquiles del Órgano Judicial”.
La funcionaria judicial anunció, sin embargo, que la CSJ prepara un pliego de reformas a las leyes que rigen el Órgano Judicial, como la creación de un “régimen disciplinario” para resolver el problema que “por décadas” ha afectado al Sistema Judicial salvadoreño.
