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CSU de la UES pide un juicio justo para los líderes de Santa Marta

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Debido a que el 8, 9 y 10 de octubre está prevista la vista pública contra los líderes de Santa Marta, en el Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de El Salvador (UES) pidió las garantías de un juicio justo e imparcial, donde si las pruebas de descargo son insuficientes, se dicte un fallo absolutorio y sean puestos en libertad.

“El Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque tiene en sus manos la oportunidad de hacer valer la legalidad, el debido proceso y la justicia, resolviendo en favor de la libertad de los activistas ambientales. Una resolución absolutoria sería, además, una importante señal de independencia judicial observada por la comunidad internacional”, enfatizó.

El proceso judicial contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES ha sido cuestionado por diversas organizaciones, instituciones nacionales e internacionales, por su insuficiencia probatoria en cada una de las instancias del sistema judicial en que el caso ha sido ventilado.

La Relatoría Especial sobre Defensores de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado varias veces al Estado salvadoreño retirar los cargos y liberar a los detenidos.

“Preocupa que este proceso pueda ser usado con fines de atemorizar y acallar las voces de los defensores del medio ambiente y luchadores en contra de proyectos dañinos para la población, como es la explotación minera en el departamento de Cabañas”, señaló el CSU a través de un comunicado. La UES expresó su reconocimiento a la comunidad Santa Marta, asociación ADES y los cinco líderes detenidos injustamente, por su invaluable aporte a la protección y defensa ambiental, sobre todo en la lucha por lograr la prohibición definitiva de la minería metálica.

Según diversos medios, se mencionan sobre la presencia de nuevas empresas mineras en el país, lo cual fortalece la sospecha de que este proceso penal pueda incentivar la reactivación de la minería metálica, industria extractiva prohibida en una ley aprobada por unanimidad en 2017, como resultado de un amplio consenso nacional por la protección del agua y la conservación del medioambiente.

Estudios científicos advierten que en El Salvador dada su estrechez territorial, alta densidad poblacional y profundo deterioro ecológico, la explotación de metales del subsuelo provocaría daños irreversibles tanto en el suelo, como en el agua, animales y la población de dichas zonas, lo que provocaría en el corto plazo una crisis ambiental.

El CSU espera que El Salvador continúe siendo un ejemplo para el mundo con su política de salvaguardar el agua, los ecosistemas y la salud de la población frente a los peligros que conlleva la explotación minera metálica.

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