Por Laura Bonilla
Nueva York/AFP
Feroces opositores de la inmigración en su equipo, un muro con México y deportación para tres millones de indocumentados: los primeros anuncios de Donald Trump sugieren el inicio de una era «radical» de la cual aún se conoce poco y nada.
Trump anunció el fin de semana en su primera entrevista tras la elección presidencial que deportará a entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados peligrosos o con antecedentes penales, en lo que podría parecer a primera vista una flexibilización de su promesa electoral de deportar a los 11 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos, en su mayoría mexicanos y centroamericanos.
«Deportar a 2 o 3 millones sería una medida radical. La preocupación es de dónde sacará esos 3 millones. No hay evidencias de que hay 2-3 millones de indocumentados criminales en Estados Unidos. Me temo que habrá que considerar a personas que cometieron delitos muy leves, o hace mucho tiempo, o incluso infracciones de tránsito», dijo a la AFP el abogado Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada en Las Vegas.
Trump precisó que su prioridad junto a las deportaciones de «criminales», «narcotraficantes» e «integrantes de pandillas» es tornar la frontera de 3.200 km con México «segura» mediante la construcción de un muro, y en determinadas partes, una cerca. Y solo después verá qué hacer con el resto, «que son gente estupenda», afirmó.
Presionado por los conservadores, el presidente Barack Obama deportó a dos millones de inmigrantes durante sus casi ocho años de gobierno, más que ninguno de sus predecesores, pero la mayoría fueron casos de personas detenidas en la frontera, no inmigrantes que hace años vivían y trabajaban en Estados Unidos.
¿El fin de un sueño?
Trump prometió asimismo en su campaña acabar con el programa DACA, creado por Obama y que protege actualmente a unos 740.000 jóvenes traídos a Estados Unidos ilegalmente en su infancia.
La acción ejecutiva de Obama otorgó a estos «Soñadores» («Dreamers»), como son llamados, y a sus familias un permiso de trabajo y una prórroga a la deportación, habilitándolos a asistir a la escuela y a la universidad, graduarse y conseguir empleo.
Pero Trump nunca precisó si poner fin al DACA significa no aceptar más nuevos aplicantes, o deportar a los que ya están protegidos por el programa.
El propio Obama urgió el lunes a Trump a «pensar largo y tendido» antes de eliminar la protección del DACA para estos chicos, «que a todos los efectos prácticos son jóvenes estadounidenses».
«Estos jóvenes fueron traídos aquí por sus padres. No hicieron nada malo. Han ido a la escuela. Han prestado juramento a la bandera. Algunos de ellos se han unido a las fuerzas armadas», dijo Obama a periodistas.
«Y creo realmente que la mayoría de los estadounidenses no quiere ver que súbitamente estos jóvenes tienen que esconderse otra vez», agregó.
Un equipo de ‘duros’
Trump designó en su equipo de transición a Kris Kobach, secretario de estado de Kansas y arquitecto de una draconiana ley aprobada en Arizona en 2010 conocida informalmente como «Papeles por favor» que permite a las autoridades preguntar a los ciudadanos cuál es su estatus migratorio cuando hay «sospechas razonables» de que son indocumentados. La ley fue imitada por otros estados conservadores.
Otro nuevo integrante del equipo de transición de Trump es el senador Jeff Sessions, feroz opositor de los inmigrantes y que podría ser el nuevo secretario de Defensa o fiscal general.
Trump dejó claro «que piensa convertir la retórica de su campaña en acciones reales y avanzar con acciones punitivas y agresivas para deportar inmigrantes sin un debido proceso», denunció Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council, una ONG de defensa de los inmigrantes, en un comunicado.
«Esto es inaceptable» y lo combatiremos, afirmó.
Trump también advirtió en su campaña que no otorgará más fondos federales a las más de 20 «ciudades santuario» estadounidenses que han indicado que no procesarán a indocumentados solo por el hecho de no tener papeles.
El jefe de policía de Los Angeles, Charlie Beck, dijo el lunes que no ayudará a deportar a indocumentados bajo un gobierno de Trump.
«No pienso hacer nada diferente. No vamos a involucrarnos en hacer cumplir la ley solo basándonos en el estatus migratorio de una persona. No vamos a trabajar en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional en esfuerzos de deportación. Ese no es nuestro trabajo, ni haré que lo sea», afirmó Beck, citado por el diario Los Angeles Times.
El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, dijo tras la elección de Trump que una base de datos con información de miles de indocumentados -recolectados para entregarles tarjetas de identidad- podría ser destruida para que no llegue a sus manos.
El alcalde de Chicago y exjefe de gabinete de Obama, Rahm Emanuel, ratificó que su ciudad seguirá siendo «una ciudad santuario» para todos los inmigrantes.
«No estamos seguros de lo que hará Trump, pero los inmigrantes deben prepararse para lo peor», sentenció el experto en migración Michael Kagan.