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Por Leonel Herrera*
La realidad nacional, ahora que se cumplen cuatro años del gobierno de Nayib Bukele, se caracteriza por cinco crisis que definen a una país caótico, sin rumbo y en francos retrocesos; por mucho que la omnipresente narrativa, difundida eficazmente por el aparato de propaganda oficial, haga creer a la mayoría de la población que la realidad es diferente.
La primera es la crisis política-institucional relacionada con la grave reversión democrática marcada por el autoritarismo, la ausencia de separación de poderes, la falta de independencia judicial y el control de todo el aparato estatal ejercido desde Casa Presidencial. A esto se suma la militarización, las violaciones a la libertad de expresión, la falta de rendición de cuentas, la criminalización del activismo social y todos los abusos, arbitrariedades y violaciones de derechos humanos cometidos en el estado permanente de suspensión de garantías constitucionales mal llamado “régimen de excepción”.
La segunda crisis es social que se expresa en el aumento de la pobreza y la desigualdad, provocada por la falta de medidas para desconcentrar la riqueza (según OXFAM 160 millonarios controlan el 87% de la riqueza nacional). La última Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples realizada por el Banco Central de Reserva confirma el deterioro de varios indicadores sociales y el empeoramiento de las condiciones de vida de la gente. A esto se suma el aumento de las migraciones, de la violencia contra las mujeres, el impacto de los retrocesos en educación y salud, la baja cobertura previsional, etc.
La tercera es la crisis económica referida al alto costo de la vida, el desempleo y los bajos salarios que plantean una realidad económica difícil para la mayoría de la población. La crisis de las finanzas públicas y el excesivo endeudamiento del país que, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), ya supera el 90% del PIB. La vigencia del esquema tributario regresivo, en el que pagamos más quienes tenemos menos; políticas fallidas, como la adopción del bitcoin; la reprivatización de las pensiones y -en general- la profundización del modelo neoliberal oligárquico.
La cuarta crisis es ambiental: deterioro de los bienes hídricos, proyectos depredadores de ecosistemas con la urbanización “Valle El Ángel”, la falta de saneamiento, ineficiente recolección y manejo de la basura y la reactivación de la explotación minera que podría concretarse a partir del próximo -después de la reelección inconstitucional de Bukele- y sería el acabose para el agua, el medioambiente y la continuidad de la vida en el país.
Y la quinta es la crisis de seguridad pública. La reducción de asesinatos y la supuesta desarticulación de las pandillas contrasta con los abusos contra personas inocentes cometidas por soldados y policías durante el régimen de excepción: el propio gobierno ha reconocido que más de cinco mil de las detenciones han sido arbitrarias y unas 200 personas ha sido asesinadas en las cárceles. Un espeluznante informe reciente de CRISTOSAL ha documentado miles de casos de torturas y otras vejaciones contra personas detenidas en las cárceles salvadoreñas. La violencia de las pandillas ha sido sustituida por el terror que ahora provocan los agentes estatales.
No existe una política integral de seguridad pública que combine eficazmente represión del delito, prevención de la violencia, rehabilitación y reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia; y no se están combatiendo las causas estructurales de la violencia que son tierra fértil para la expansión de las pandillas.
Éste es el país real, la propaganda gubernamental presenta uno distinto; pero eso es insostenible. Poco a poco la realidad se irá imponiendo.
*Periodista y activista
