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La Habana / AFP
Cuba reguló el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), «como instrumento para la defensa de la Revolución», en momentos de expansión de esos servicios y de mayor confrontación con Estados Unidos.
Un paquete de decretos y medidas publicados el jueves en la Gaceta Oficial norman el uso del «conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas y aplicaciones informáticas, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión y recepción de información en cualquier formato: voz, datos, texto, video e imágenes», señala el texto principal.
Y remarca el uso y desarrollo de las TIC «como instrumento para la defensa de la Revolución».
Para ello velará por un «uso responsable de los ciudadanos» y «la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo».
Los cubanos se quejan de los altos precios de internet, que el monopolio estatal Etecsa ha prometido bajar a medida que se desarrolle, pero también del bloqueo de muchos sitios de corte político, a los cuales no tienen acceso.
Las autoridades, por su parte, han reconocido la red como un nuevo campo de batalla político e ideológico, y el propio presidente Miguel Díaz-Canel insta a sus funcionarios y partidarios a tener mayor presencia en las redes sociales para divulgar su visión en ese sentido.
Y para que no queden dudas, el documento advierte que «el Ministerio de Comunicaciones, en coordinación con los de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior, es el responsable de orientar las tareas y acciones que garanticen la informatización de la sociedad».
Cuba marcha a la zaga mundial en el acceso a internet, pero en el último año, el primero del mandato de Díaz-Canel, se ha incrementado el acceso a la red con zonas wifi, salas de navegación y teléfonos móviles, mientras se avanza en el acceso desde los hogares.
Cuba tiene 11,2 millones de habitantes.
Desde que en diciembre pasado se instaló el servicio de internet en los teléfonos móviles, unos 2,3 millones de usuarios han accedido a este servicio, número que representa el 41,8% de las líneas activas.
El conjunto de regulaciones persigue «fortalecer el proceso de informatización, en función de modernizar coherentemente todas las esferas de la sociedad y contribuir al desarrollo económico y social del país».
Asimismo, «promover y favorecer el acceso y el uso responsable de los ciudadanos a las TIC y consolidar la defensa política y la ciberseguridad frente a las amenazas, los ataques y riesgos de todo tipo».
