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Organismos de seguridad cubanos revelaron este lunes durante un programa especial de televisión detalles y pruebas sobre un presunto plan que habría estado organizándose desde Estados Unidos para perpetrar acciones terroristas dentro de la isla.
La investigación alrededor de los hechos se remonta a diciembre de 2023, cuando el Ministerio del Interior (Minint) informó de la detención de Ardenys García Álvarez, un ciudadano cubano que residía en EE.UU. desde el 2014, que había arribado ilegalmente a territorio nacional en noviembre por vía marítima —a través de la costa de la provincia de Matanzas—, a bordo de una moto náutica y portando armas de fuego y municiones. De acuerdo con el coronel Víctor Álvarez Valle, segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección de Investigación Criminal del Minint, el propósito de García, de 40 años, era “reclutar personas y provocar un levantamiento armado apoyado y financiado desde los EE.UU.”. No solo ingresó a Cuba con la intención de hacerlo, sino que “concretó planes” conversando con otras personas, añadió el alto mando, señalando que intentó sumar miembros de organismos gubernamentales y de seguridad que tuvieran “determinada preparación física”, y ubicó lugares donde se podría estar guardando armamento y se realizan entrenamientos de orden militar.
García, sindicado como el principal ejecutor de esas acciones, fue vinculado a una serie de personas y entidades que, según el Gobierno cubano, han sido sometidas a investigaciones penales por patrocinar el terrorismo. Según el propio Ardenys, antes de llegar a Cuba, fue invitado a practicar en un campo de tiro en EE.UU., con armas largas y mirillas telescópicas, por hombres que decían pertenecer a una organización terrorista basada en el sur de la Florida.
“Está demostrado en la investigación que esta acción fue planificada, organizada, apoyada y financiada por un grupo de terroristas cubanos, radicados en EE.UU.”, precisó Álvarez Valle, subrayando que, aunque esos individuos han sido denunciados ante las autoridades estadounidenses, continúan «adquiriendo armas, realizando prácticas de tiro y reclutando personas».
Muchas de estas organizaciones son financiadas directa o indirectamente por entidades gubernamentales estadounidenses. En este sentido, La Habana ha denunciado la actitud pasiva de Washington frente a estos hechos, a pesar de que la isla ha presentado todas las evidencias necesarias. Eduard Roberts Campbell, fiscal jefe de la Dirección de Enfrentamiento a la Corrupción e Ilegalidades de la Fiscalía General, asegura que EE.UU. tiene la obligación de colaborar con Cuba y de adoptar todas las medidas para «perseguir, investigar y sancionar» a los que están vinculados a estos hechos, según lo establece una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
