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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En las últimas semanas en círculos oficialistas del régimen dictatorial circula mucho el rumor de que pronto cambiará el sistema de pensiones.
Esto es preocupante, sabiendo que tienen los votos para hacer cualquier cosa que se les ocurra; da mucho en qué pensar, mejor dicho qué temer, porque su desequilibrio financiero es tan grande que pueden, ahora sí, robarse el ahorro del sistema de pensiones.
Pensionados y trabajadores cotizantes de las AFP, y los pocos que quedan como cotizantes del IMPEP, deben tener los ojos bien abiertos con el peligro de que el presidente de la república, su equipo gobernante, mande cualquier proyecto para ser aprobado sin medir las consecuencias futuras, pues lo que más les urge es echar mano de cualquier recurso para equilibrar sus finanzas maltrechas, como producto de sus malas decisiones.
En los gobiernos del FMLN, los diputados del FMLN siempre quisimos un sistema de pensiones público o mixto, con beneficios definidos, solidario y seguro; la derecha parlamentaria y los dueños de las AFP boicotearon siempre cualquier cambio estructural del sistema.
Se logró a presión bajar las comisiones, incrementar los intereses que debe pagar el Estado por la deuda con el fondo de pensiones, evitar que le quitaran el porcentaje que desde 2017 va al fondo de garantía solidaria, con el cual las AFP Y los diputados de derecha querían resolver el déficit acumulado por el sistema privado.
El sistema privado es malo y está subsidiado por el Estado, en la medida que es quien termina asumiendo el pago de la pensión mínima y las pensiones de quienes en un inicio se ilusionaron con el sistema privado, pero que al darse cuenta que era malo, fueron “optados”, es decir la ley se reformó para otorgarles a ellos beneficios similares a los cotizantes del IMPEP. Y esa decisión representó endeudamiento del Estado.
El problema hoy, es que el endeudamiento exagerado del gobierno de Bukele, que según expertos pasó a ser 12 veces lo que fue el endeudamiento en los últimos 19 años, le crea a su vez incapacidad de cubrir sus propios presupuestos, y ha de ver en el fondo de pensiones una tabla de salvación.
Según investigación publicada recientemente, el país, entre 2002 y 2020, se endeudó a un ritmo de 75.51 millones de dólares al mes; pero con la mayoría absoluta de diputados del partido Nuevas Ideas y sus aliados, al servicio de Bukele, ese promedio se eleva a 900 millones de dólares al mes; y con relación al producto interno bruto (PIB), la deuda ya supera el cien por ciento.
Es este aprieto en que se encuentra el actual gobierno, y no la necesidad de tener un sistema de pensiones justo que permita una pensión digna a todos y todas, lo que puede hacer que el gobierno intente bajar ese nivel de deuda, incluso nacionalizando el fondo de pensiones. Hay que aclarar que si eso ocurriera a quien le estaría quitando su dinero es a los trabajadores y no a la burguesía ni a los grandes millonarios de este país.
Es importante recordar que hasta 1996 existían varios sistemas de pensiones. El de los empleados públicos, el de los empleados privados y el de los maestros, cada uno cotizaba diferentes montos, pero a todos debía contribuir el estado. En diciembre de 1996 se aprobó la ley que privatiza el sistema y entró en vigencia en 1998, dejando que sobreviviera como sistema público el del IMPEP, con cotizantes obligados por su edad, o mayores de 36 años, que dijeran expresamente que se quedaban en el IMPEP, a estos últimos se les obligó a un pago mayor para desestimular esa opción.
Ese nivel de cotizantes vino en disminución, y ahora a quienes se jubilan habiendo sido de AFP, pueden comparar que el resultado del sistema privado es desfavorable para el trabajador, es natural entonces que el sentimiento de la inmensa mayoría de los trabajadores sea el de exigir que el beneficio de su trabajo corresponda a las necesidades y sea más parecido al de los beneficios que otorga el IMPEP.
La privatización fue promovida y aceptada por muchos bajo esquemas de propaganda en los que se decían frases que agradaban, como “mi pisto es mi pisto”, no meta manos el estado, tendré una cuenta personal, sabrás lo que has ahorrado. En esta promoción del individualismo ganó el empresario de las pensiones, perdió el trabajador y no se evitó el endeudamiento del Estado.
El problema es que un sistema de pensiones debe tener como base la certeza financiera de que los beneficios esperados sean garantizados, esto es lo que difícilmente puede asegurar una bancada oficialista y un gobierno irresponsable como el que tenemos, y ese es el cuidado que cualquier propuesta de cambio o reforma en el sistema tan sensible, como el de pensiones, debe cuidarse.
Es difícil esperar esto del actual gobierno y de la actual asamblea legislativa, menos aun de la garantía de derechos adquiridos que una Sala de lo Constitucional debe proporcionar a los habitantes del país, todos. Por eso es el momento más crítico para las pensiones.
Lo ahorrado, lo que debe el estado al fondo de pensiones, está amenazado; y es inseguro un análisis actuarial que pueda ser hecho con responsabilidad, diciéndole al Estado, este será tu aporte, al empleador, esta será tu aporte y al trabajador, este será tu aporte y así será el beneficio a la hora de retirarte y pensionarte.
Más incierto es la universalidad, que intentó cubrirse con pensiones solidarias a mayores de 70 años que no hubieran cotizado y vivieran en los municipios más pobres y que en las propuestas del gobierno del FMLN y de los trabajadores deberían ser asimilados al sistema de pensiones.
