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Como ya lo hemos expresado en otro editorial, la crisis política electoral que atraviesa la hermana República de Honduras, a raíz de la sospecha de un enorme y bochornoso fraude electoral, debe dejar lecciones positivas para El Salvador, que el 4 de marzo irá a las urnas para elegir a 84 diputados y 262 Concejos Municipales.
El Salvador, claro está, desarrolló procesos electorales limpios después de la firma de la paz, en 1992, no solo por el avance que alcanzó la democracia, sino también por el compromiso de la clase política para hacer de los fraudes electorales de la década de los 70 una parte de la historia triste de la nación.
Y es esto lo que se ha ido logrando elección tras elección, que ha permitido, incluso, que la izquierda gobierne este país desde 2009.
Este proceso democrático por el que transita el país, con sus vaivenes, por supuesto, no debe echarse a perder. Por eso es que debemos lamentar y estar vigilantes de la conformación del Tribunal Supremo Electoral, el cual, por una decisión de la Sala de lo Constitucional, se rompió el punto de equilibrio al suspender a uno de los magistrados del TSE y colocar a otro con la misma tendencia ideológica. De los cinco magistrados que conforman el TSE, cuatro son de derecha.
A lo anterior se suma la insistencia de los diputados de derecha en la Asamblea Legislativa de prorrogar los documentos únicos de identidad (DUI) que a la fecha están vencidos.
La derecha legislativa quiere prorrogar más de 200 mil DUI que han vencido o están por vencer. Si esto se hace así, por un decreto, se corre el riesgo que automáticamente otros DUI vencidos, de origen sospechoso, también puedan utilizarse en el próximo proceso electoral.
Lo más conveniente es que desde la Asamblea Legislativa se promueva la cultura de tener los documentos en orden y al día.
Prorrogar la vigencia de un documento valioso, es no solo restarle el valor identitario que este tiene, sino de la obligación de cada salvadoreño de tener sus documentos en orden. Con esto no solo se contribuye a una cultura de responsabilidad, sino también a despejar cualquier sospecha de fraude.
