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Por Leonel Herrera*
Es difícil para cualquier persona bienintencionada encontrarle sentido a la captura arbitraria y al inhumano encarcelamiento de Atilio Montalvo, ya que esto sólo puede explicarse desde el alto grado de abuso, ilegalidad, crueldad y barbarie que caracteriza a la dictadura bukelista.
Atilio Montalvo, firmante de los Acuerdos de Paz, conocido durante el conflicto armado como “Salvador Guerra”, es una persona de muy avanzada edad y con una delicada situación de salud física. Por tal razón, cualquier proceso penal en su contra debería realizarse con medidas sustitutivas a la prisión preventiva para evitar que muera en la cárcel.
Meses antes de ser arrestado, Montalvo había sobrevivido a un derrame cerebral y después había sido operado del corazón; por tanto, su permanencia en un centro penitenciario es de altísimo riesgo. Sin embargo, un tribunal de (in)justicia al servicio del “bukelato” le ha decretado detención provisional por seis meses.
Sobre esta sádica instancia judicial caerá formalmente la responsabilidad si “Chamba Guerra” muere en prisión en los próximos días o semanas. El pasado fin de semana sus familiares denunciaron que, a pesar de su gravedad, Montalvo fue sacado de un hospital del Seguro Social y trasladado a un centro penal de Santa Ana.
Si “Salvador Guerra” muriera en prisión, sería un asesinato perpetrado por el Estado salvadoreño, así como asesino al ex asesor de seguridad presidencial Alejandro Muyshondt y a centenares de detenidos inocentes en las cárceles durante el régimen de excepción.
Es probable que los terribles vejámenes y el posible asesinato del comandante “Chamba Guerra” también tengan relación con el negacionismo histórico bukelista sobre el conflicto armado y los Acuerdos de Paz.
Este negacionismo inició como un relato el 17 de diciembre de 2020, cuando Nayib Bukele, durante su visita a El Mozote, dijo a los familiares de las víctimas de la masacre que “la guerra y los Acuerdos de Paz son una farsa”. Desde entonces, el gobernante autoritario ha repetido en varias ocasiones esta “narrativa fake”.
El relato negacionista luego pasó a persecución judicial contra ex miembros de organizaciones beligerantes del conflicto armado, iniciando el 11 de enero de 2023 con la captura de los líderes comunitarios de Cabañas, actuales opositores a la minería y durante la guerra combatientes de la Resistencia Nacional (RN), una de las agrupaciones que conformaron el FMLN.
En diciembre del mismo año esta ofensiva siguió con la fallida orden de captura contra Rubén Zamora, político crítico del autoritarismo bukeliano y durante la guerra dirigente del Frente Democrático Revolucionario (FDR), aliado político de las guerrillas del FMLN.
Y continuó con la captura ilegal de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, entre ellos Atilio Montalvo y José Santos Melara, ex jefe guerrillero conocido como “Pepe”, el pasado 30 de mayo. Esta organización de ex combatientes del FMLN y veteranos de la Fuerza Armada había anunciado que desconocería al segundo mandato de Bukele por inconstitucional.
Esta criminalización de los excombatientes es el complemento jurídico del relato negacionista: “la guerra y los Acuerdos de Paz son una farsa” y sus protagonistas “son delincuentes que deben ser enjuiciados”. Esto a pesar de la Declaración Franco-Mexicana de 1981, la Ley de Reconciliación Nacional de 1992 y los mismos Acuerdos de Paz.
En ese sentido, el empecinado y brutal ensañamiento contra “Salvador Guerra”, trae a cuenta la inquietante pregunta: ¿el acto culminante del negacionismo histórico de Bukele será el asesinato de un firmante de los Acuerdos de Paz?
Si esto fuera así, estaríamos ante una situación extremadamente perturbadora y sádica que debería indignar a toda la población decente. La sociedad salvadoreña no debe permitir que un crimen de “lesa historia” como éste sea consumado.
*Periodista y activista social.
