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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Tengo 9 años de padecer de Insuficiencia Renal Crónica y es bien difícil vivir así”, expresa espontáneamente Carlos Alberto Barahona, de la comunidad Los Naranjos, Tecoluca, San Vicente, al denunciar que son cientos de personas quienes padecen o se reportan con la pérdida de la función normal de los riñones.
Atado a una rutina de cuatro diálisis diarias de por vida, este exagricultor en pequeño demandó, junto a las comunidades del Bajo Lempa y organizaciones ambientalistas, que el Estado salvadoreño garantice el derecho a la salud, regule la expansión del monocultivo de la caña de azúcar en el territorio nacional y se prohíba la venta de pesticidas de alta contaminación y agresiva.
“No solo soy yo (…), hay muchas personas que están sufriendo el mismo problema. Y en mi familia somos cuatro los casos, mi padre, dos de sus nietos y yo. Vamos saliendo mucha gente afectada por el asunto de los cañales. Y fuera bueno que esto parara, porque somos muchos los afectados”, expresó.
En el marco de la conmemoración de la Convención de los Derechos Humanos (ONU), CRIPDES, UNES, PDDH, UCRES y ARUMES se pronunciaron por los derechos de las comunidades rurales, al denunciar los impactos negativos de la caña de azúcar en la salud y su medioambiente.
Bernardo Belloso -representante de CRIPDES- afirmó que el uso indiscriminado de agrotóxicos, la fumigación aérea de madurantes y los incendios indiscriminados de plantaciones de caña, previo a preparar la nueva cosecha de caña, afectan directamente a todas las familias que trabajan la tierra con granos básicos. Así como, los que trabajan en las plantaciones de caña que son sometidos a toda la contaminación y bajos salarios.
“En la mayoría de los casos, las muertes por Insuficiencia Renal Crónica están estrechamente ligados al trabajo en el sector de la caña de azúcar, donde los trabajadores no son provistos de equipo de protección adecuado para su labores. Y, según datos del Ministerio de Salud, la mayoría de los pacientes han sido expuestos a pesticidas, fertilizantes, madurantes y otros productos nocivos para la salud”, explicó Belloso.
Las estadísticas del Ministerio de Salud han reportado, además, que entre el 2009 y 2018 han fallecido 9,908 personas a causa de la Enfermedad Renal Crónica, que ha sido la tercera causa de mortalidad de país; y la primera causa de mortalidad entre los hombres y la quinta para las mujeres.
“Sin importar este escenario trágico para las comunidades rurales y para el país, las instituciones estatales encargadas de garantizar los derechos de salud, derechos a un medioambiente sano y derechos laborales no han desarrollado estrategias coordinadas dar solución a esta -que consideramos- emergencia sanitaria. Que contrasta con las ganancias de la industria azucarera que anunció para el 2020, un incremento del 6.8 % de sus exportaciones, o sea 827,066 toneladas de azúcar, de un parque industrial de 113,669 manzanas del territorio nacional”, reafirmó Belloso.
Luis González, del equipo directivo de la UNES, señaló que la articulación con las organizaciones ambientales y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) tiene como objetivo, llamar la atención a los tomadores de decisión y población en general a concienciar sobre los agrotóxicos y en especial la caña de azúcar en la contaminación ambiental y la salud de la población.
“En el tema ambiental y el impacto de la caña de azúcar, que viene a exacerbar una de las problemáticas, como la crisis de agua, hablamos del acceso y su calidad. Sabemos, según el último índice de calidad de agua de 2019, en 121 puntos de muestreo, no encontraron ni agua excelente y tampoco apta para potabilizar -se imaginan- ni hirviendo, ni clorando, es para consumo humano. Recordemos la crisis de agua en febrero del presente año en el Área Metropolitana de San Salvador (1.5 millones de personas), que la agravó la pandemia de la COVID-19, con énfasis en las comunidades y colonias que no contaban con abastecimiento de agua y que tenían que utilizarla por aspectos de la higiene como medidas contra el coronavirus”, señaló.
Asimismo, enfatizó que mucha de la problemática de la escasez del agua está vinculada a la deforestación de las partes arboladas, la impermeabilización de suelos por las construcciones, las cuales se encuentran dentro del Cambio Climático, se convierte en un desastre para el país. “Es privatizar las ganancias, pero sociabilizan las pérdidas” en la industria cañera, señala.
“Hay una inoperancia gubernamental para atender estas problemáticas ambientales, que va en dos sentidos: la primera es la ausencia de políticas públicas para atender los problemas ambientales. Tenemos 14 años de discusión por una Ley Integral de Aguas y Saneamiento; más de seis años discutiendo una Ley de Soberanía Alimentaria y mucho tiempo para no aprobar una Ley de prohibición a los Agrotóxicos a nivel nacional. Entonces, hay una debilidad gubernamental en generar políticas públicas que le resuelvan las afectaciones a la gente”, acotó.
La denuncia de las comunidades y las organizaciones señalan que la industria de la caña va ingresando a los bosques salados (manglar), a zonas de amortiguamiento en las áreas protegidas (Sitio Ramsar) y la deforestación de la poca capa arbórea que aún le queda al territorio nacional.
“Existe una falta de capacidad y seguimiento en el cumplimiento de las leyes que tenemos sobre el medioambiente y aquí los responsables son el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Ministerio de Salud (MINSAL), que son culpables de que exista tanta gente afectada por la problemática de la caña de azúcar; por tanto, les pedimos que cumplan la ley, porque esta problemática no es natural, es por causas sociales”, argumentó González.
