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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Los testimonios de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado de El Salvador revelan el camino recorrido desde hace cuatro décadas, que están marcados por la indiferencia estatal y la negligencia que robustece la impunidad.
“No ha sido nada fácil para las madres venir exigiendo día con día, año con año, justicia por nuestros seres queridos”, dijo María Luz Rivas, del Comité de Madres Oscar Arnulfo Romero, al lamentar que a las víctimas no se han tomado en cuenta en su lucha por la justicia.
La Fundación para el Debido Proceso y otras organizaciones pro derechos humanos, realizaron un foro, junto con colectivos de víctimas, para reflexión sobre el camino hacia la justicia, luego de superar obstáculos jurídicos como la Ley de Amnistías de 1993. “El Foro : ¿Qué ha pasado tras la superación de las amnistías? El áspero camino hacia la justicia”, permitió a los diversos colectivos examinar y compartir experiencias y resultados de otros países de la región que han tenido normas de amnistías vigentes y leyes de punto final.
“Mientras no haya justicia las víctimas vamos a seguir pidiendo justicia, lamento que los gobiernos de El Salvador después de los Acuerdos de Paz han invisibilizado a las víctimas y sus exigencias”, agregó María Luz Rivas, del Comité Madres Oscar Arnulfo Romero.
“Este foro principalmente es para hacer una reflexión en torno a las deudas del Estado salvadoreño”, dijo Juan Carlos Sánchez, Oficial del Programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) , al reseñar la situación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.
“Y es especialmente hoy que hacemos este foro,porque hace 7 años, en julio de 2016, se emitió una sentencia importante de la Sala de lo Constitucional (CSJ), que eliminó una barrera que había impedido que los crímenes de lesa humanidad y de guerra en el conflicto fueran atendidos por el sistema de justicia, por la Ley de Amnistía de 1993”, explicó.
Sánchez reconoció que esa sentencia de la Sala de lo Constitucional que derogó la Ley de Amnistía, “avivó muchas esperanzas”, porque al quitar esa barrera se allanaba el camino a esos casos que violentaron los derechos humanos de la población durante el conflicto.
“Las víctimas esperaban que sus casos pudieran ser conocidos por la justicia, y, claro, también conocer la verdad, y muy importante reparar los daños que se cometieron, y enjuiciar a los responsables que cometieron esas atrocidades y sentar bases de la superación de la impunidad, pero 7 años después hemos visto que esa esperanzan se ha venido diluyendo”, expresó.
“Se ha trasladado nuevamente a las víctimas -para que sean ellas- quienes lleven esa carga de sus familiares que ya no están con ellos; y también las víctimas de tortura, que prácticamente han tenido que presionar al Estado por una respuesta y este no ha estado a la altura de esta necesidad humana, de esta obligación jurídica nacional e internacional del Estado y que no ha cumplido”, acotó Sánchez.
Desde la derogación de la Ley de Amnistía en 2016, el país ha tenido dos presidentes de la república, tres legislaturas, tres fiscales generales y por la Corte Suprema de Justicia han desfilado las más variadas corrientes de pensamiento jurídico. Y ninguno de estos funcionarios han logrado trabajar colectivamente para “saldar la deuda histórica” de las víctimas del conflicto.
La indignación llena aún el ánimo de José Rafael Martínez Segura, miembro del Comité de Ex Presos y Presas Políticas de El Salvador (COPPES), sus capturas arbitrarias por militares en 1980 y 1981, le han marcado su vida para siempre. Y desde esa época, pese a los Acuerdos de Paz, el Estado no tendría “buenas intenciones”, con respecto a sus obligaciones con las víctimas por los 12 años de guerra en el país. “Después que derogaron la Ley de Amnistía, pude desde COPPES, junto a abogados del IDHUCA, presentar mi demanda por la captura y sometimiento a torturas que sufrí, y lo hicimos, la presentamos ante la Fiscalía General de la República y sólo esperamos”, reseñó.
“Fueron dos momentos, un 30 de julio 1980, cuando iba al Plan del Pino, habíamos hecho el 9o grado y junto a mi amigo, nos capturaron soldados de la Fuerza Área, cuando llegué lo primero que recibí fue un puñetazo en mi ojo, caí inconsciente y me desperté amarrado y con capucha para la tortura, además de descargas eléctricas, golpes, patadas. Y las amenazas a tu vida y la de tus familiares”, recordó.
Para la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) este tipo de intercambios de colectivos de víctimas y experiencias de otros países busca el conocimiento a profundidad de “avances de la justicia en todos los países de la región”, y dar un vistazo a la cultura de impunidad que construyen los sectores implicados como las fuerzas armadas, el poder económico y los partidos políticos, entre otros.
Para Juan Carlos Sánchez, el incumplimiento de los derechos a las víctimas en El Salvador, es porque se ha mantenido un “pacto de impunidad” que lleva décadas completas e incluso, estas reparaciones no fueron tomadas en cuenta en el texto de loa Acuerdos de Paz, no se menciona un tipo de concesiones de esta naturaleza.
“La cultura y dinámica política de país llevaron al establecimiento de un pacto de no agresiones y de soslayar un poco la realidad. Y ningún gobierno que ha administrado este país ha tenido un compromiso real y efectivo con las víctimas; algunos gobiernos tuvieron apertura y algunos avances, pero ninguno ha tomado en serio resolver esta situación y así, pasar la página de la historia”, consideró.
“Creo que todo esto no es porque hay un problema de voluntad política, sino que hay una cultura de impunidad. Un problema de infuncionalidad de las instituciones de justicia -recordemos- que el Informe de la Comisión de la Verdad, señaló como la administración de justicia fue cómplice de estas atrocidades que se cometieron durante el conflicto, y los Acuerdos de Paz propusieron medidas para algunos avances institucionales y justicia aunque no lograron obtener los resultados que se esperaban”, puntualizó Sánchez.
La Fundación para el Debido Proceso (DPLF) es una organización regional integrada por profesionales de diversas nacionalidades, cuyo mandato es promover el Estado de Derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, y el intercambio de experiencias. La DPLF busca dar respuesta claras a problemas comunes en la región desde la perspectiva del derecho interamericano e internacional.
