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@arpassv
Este día cumple un año el bloqueo a la emisión de 900 millones de dólares en bonos de deuda pública por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
El 10 de junio de 2015 los magistrados Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Sidney Blanco y Rodolfo González admitieron una demanda de inconstitucionalidad que impugnó la participación de diputados suplentes en la aprobación de los referidos títulos valores en la Asamblea Legislativa.
Como medida cautelar, la Sala congeló por tiempo indefinido la emisión de los 900 millones de dólares que el gobierno necesitaba, entre otras urgencias, para financiar planes y programas de seguridad pública.
Así, los magistrados pusieron su granito de ARENA a la estrategia de la derecha oligárquica que busca ahogar financieramente al gobierno. Esta estrategia consiste en impedir que el Ejecutivo tenga recursos para atender las necesidades y demandas de la población, oponiéndose a la aprobación de reformas tributarias o prestamos internacionales.
Antes de bloquear los 900 millones en bonos, la Sala había eliminado el Fondo de Atención a Víctimas de Accidentes de Tránsito (FONAT) y el impuesto a las grandes empresas que declaran pérdidas para evadir al fisco.
Recientemente los magistrados emitieron una sentencia contra el hacinamiento carcelario por violentar el derecho a la salud e integridad física de la población reclusa. Sin embargo, no descongeló los bonos que podrían servir para resolver el problema penitenciario.
Por eso la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) presentó esta mañana una carta que insta a la Sala a “desbloquear la emisión de los 900 millones, deslindarse de la estrategia de boicot financiero contra el gobierno y sumarse a la búsqueda de solución a los problemas del país, especialmente la violencia e inseguridad”.
La Alianza también exige que Meléndez, Jaime, Blanco y González, junto a los demás magistrados de Corte Plena, “aceleren la depuración del sistema judicial para reducir la impunidad y contribuir a los esfuerzos nacionales contra el crimen”.
ASGOJU considera que al afectar los ingresos del gobierno “la Sala contribuye al agravamiento de los problemas del país que no pueden atenderse por falta de recursos financieros” y perjudica sobre todo las medidas extraordinarias de seguridad pública que impulsan el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
