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@JoakinSalazar
Militares en situación de retiro y familiares de imputados requeridos por el asesinato de los padres Jesuitas en España, generic encabezaron una marcha hasta la Embajada de España en El Salvador, pharm para exigir la no injerencia del Juez Español Eloy Velasco, en la soberanía salvadoreña.
Los familiares presentaron un escrito ante la Embajada de España, en el que exigen al Juez la no injerencia y por lo tanto se abstenga de la orden de extradición de los militares.
El ex diputado y Militar en situación de retiro, Coronel Sigifredo Ochoa Pérez, reaccionó en total apoyo a los cuatro militares capturados en respuesta a la orden de captura emitida por INTERPOL,
“No queremos injerencia extranjera sino que se respeten nuestras leyes, este es un caso juzgado, condenado y amnistiado, por lo tanto, nosotros lo que pedimos es la no injerencia de un juez español”, argumentó el coronel.
Ochoa Pérez explicó que es necesario que se respete la integridad de los militares de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en especial los 17 miembros del Batallón Atlacatl requeridos por España, los cuales solo respondieron a la orden de políticos de la época.
“Queremos que nos respeten, cumplimos una misión que la fuerza armada no inició ni terminó sino que fueron los políticos”, explicó.
Durante la época en que se suscitaron los asesinatos de los padres jesuitas: Ignacio Ellacuría (rector de la UCA), Segundo Montes, Ignacio Martín-Baro, Juan Ramón Moreno, Amado López todos de nacionalidad española, como también los salvadoreños padre Joaquín López y López, Elba y Celina Ramos, colaboradoras, fungía como presidente y Comandante de la FAES, Alfredo Cristiani.
En el año 2010 se reactivó el caso, cuando el Juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco, ordenó la captura de los militares implicados en el caso, sin embargo, en el año 2011 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó la extradición.
Desde el cinco de febrero la PNC capturó a los militares: Coronel Guillermo Alfredo Benavides, Ramiro Vargas, Ángel Pérez Vásquez y Tomas Zárpate Castillo, todos miembros del ex Batallón Atlacatl.
Juan Orlando Zepeda, hijo del General Zepeda, afirmó que los militares capturados se encuentran en un “limbo jurídico”, y calificó de ilegal las detenciones.
“La CSJ no ha podido respetar esas 72 horas que tenían para determinar en qué situación se encontraban, entonces, ellos están bien de salud y confiados en las leyes e instituciones del país”, explicó Zepeda.
Carlos Mauricio Guzmán, hijo del Coronel Guzmán Aguilar, explicó que la marcha realizada, era con la finalidad de entregar la carta a la Empajada española, como una señal de protesta, por las actuaciones del Juez español.
“El Salvador ya juzgó este caso, y lo ha juzgado en muchas oportunidades, pero ahora quererse avocar a una justicia universal que no corresponde, es una ilegalidad e irrespeto”, dijo Guzmán.
En el país se juzgó, en 1991, a ocho imputados, pero sólo dos fueron encontrados culpables. Ellos fueron: Guillermo Alfredo Benavides, por la muerte de 8 víctimas, y Yushhy René Mendoza, por el asesinato de Celina Ramos. Los demás fueron declarados absueltos de culpa.
Sin embargo, en el juicio no se procesó judicialmente a los autores intelectuales ni a los militares que ahora son requeridos por España.
Sectores de la sociedad civil y defensa de los derechos humanos aseveran que este juzgamiento requerido por la Audiencia Española se basa en la justicia universal.
