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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
La División de Armas y Explosivos (DAE) de la Policía Nacional Civil (PNC) rindió informe sobre el decomiso de productos pirotécnicos, desarrollado con motivo del plan Orden de Operaciones Pirotécnicas 2017. Este dispositivo tiene como finalidad inspeccionar lugares de comercialización autorizados para verificar que no se estén vendiendo cohetes prohibidos y contrarrestar las ventas ilegales de los mismos.
Según la DAE, los puntos estratégicos utilizados por el comercio informal para la venta de productos pirotécnicos que no están autorizados por la PNC son: el Mercado Central y sus alrededores, las calles Rubén Darío, 29 de agosto, Delgado y adyacentes, lugares donde se llevó a cabo el decomiso.
“Como producto del esfuerzo tenemos el decomiso de 120 mil 652 unidades de productos pirotécnicos autorizados y 3 mil 487 prohibidos hasta hoy. Tenemos la proyección de seguir con los controles durante lo que resta de las festividades teniendo en cuenta que para los días 30 y 31 se debe redoblar acciones por ser los más movidos en lo referente a la comercialización de cohetes”, dijo el subcomisionado Fausto Carranza, jefe de la DAE de la PNC.
Según el jefe de la DAE los productos pirotécnicos fueron incautados durante los días 23 y 24 de diciembre y que se desconoce el monto del mismo debido a la variabilidad del mercado. Entre los cohetes prohibidos decomisados están: morteros superiores al número 5, silbadores y fulminantes. Asimismo, manifestó que en el caso de los productos pirotécnicos legales decomisados por esa unidad, esto responde a que se estaban comercializando en lugares no autorizados para esa labor.
Carranza, además, hizo el llamado a los padres de familia para que si adquieren productos pirotécnicos sean ellos quienes los manipulen y sus hijos solo observen, ello debido a los últimos reportes de menores de edad quemados y recordó que la PNC, en coordinación con Fiscalía General de la República, pueden aplicar el delito de abandono y desamparo contenido en el artículo 169 del Código Penal, el cual establece tres años de prisión por ese ilícito.
