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Por Blanca Morel/Julia Ríos
Managua/AFP
El presidente Daniel Ortega, junto a su esposa Rosario Murillo, ganó la presidencia de Nicaragua por tercer mandato consecutivo, pero la opisición, excluida del proceso electoral, advirtió que no acepta esta «farsa».
Con 66,3% de los votos escrutados, el exguerrillero sandinista arrasó los comicios del domingo con un 72,1% de los votos frente a 14,2% para un lejano segundo lugar del candidato del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, según el segundo reporte del Consejo Supremo Electoral (CSE) emitido la madrugada del lunes.
Cientos de sandinistas salieron la madrugada de este lunes a celebrar en la capital la reelección del máximo líder del Frente Sandinista (FSLN, izquierda), un exguerrillero que ha gobernado tres veces Nicaragua de manera autocrática.
Sin embargo la oposición nicaragüense advirtió que no acepta los resultados debido a una abstención «masiva», y exigió convocar nuevas elecciones pluralistas, transparentes, con un tribunal electoral imparcial y la presencia de observadores internacionales.
«No reconocemos los resultados de esta farsa y con la fuerza de la voluntad manifestada por el pueblo de Nicaragua, las declaramos nulas», manifestó el domingo la dirigente del opositor Frente Amplio de la Democracia (FAD), Violeta Granera.
Abstención de más de 70%
La oposición, estimó que la abstención fue de más de 70%, incluso en lugares donde el partido de Ortega tenía influencia, pero según el CSE, ésta fue de un 33,7%.
El recuento final de la votación será publicada hacia el mediodía del lunes, informó el CSE.
Las leyes nicaragüenses no contemplan un techo de participación mínima para que una elección sea valida, por lo que el candidato que obtenga más votos respecto a su contrincante gana la contienda.
«Bueno, el pueblo de Nicaragua va a tener la última palabra», sentenció Granera en declaraciones a la AFP.
Antes de los comicios, grupos opositores llamaron a los nicaragüenses a no votar para deslegitimar el proceso electoral, del que quedaron excluidos tras un fallo de la justicia que los despojó de la representación legal de su partido, cuatro meses antes de las elecciones.
La pareja presidencial
Los comicios han estado dominados por Ortega, quien cumplirá 71 años el 11 de noviembre.
El mandatario llevó a su esposa y mano derecha Rosario Murillo como candidatura a la vicepresidencia, con quien ha cogobernado los últimos años.
Murillo, de 65 años, ha sido la portavoz del gobierno de Ortega, pero sus labores van más allá de la comunicación: controla la agenda oficial y ejerce una influencia en el gobierno que nadie se atreve a contrariar.
Militante sandinista desde la década de 1970 y madre de diez hijos, dos adoptados, esta excéntrica poetisa de 65 años conocida por su estilo autoritario es adorada por los simpatizantes de Ortega y apodada «bruja» por los opositores.
«Durante los últimos 10 años, la señora Murillo ha asumido en muchas ocasiones las funciones de jefe de Estado», dijo a la AFP por correo electrónico Verónica Rueda Estrada, una experta en Nicaragua de la Universidad de Quintana Roo de México.
La oposición acusa a Ortega, quien controla todo el aparato estatal, de querer instaurar una nueva dinastía en el país similar a los Somoza, familia que rigió los destinos de Nicaragua entre 1934 y 1979.
Los presidentes de Cuba, Raúl Castro, y de Venezuela, Nicolás Maduro, miembros de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), felicitaron a Ortega y Murillo por su triunfo electoral.
Préstamos en peligro
En la última década, Ortega acumuló un enorme poder político gracias a la conducción de su partido, una alianza con el sector empresarial y el apoyo de Venezuela, que le permitió un crecimiento económico de entre 4 y 5% en los últimos cinco años consecutivos.
Según datos oficiales, entre 2007 y el primer semestre de 2016, Nicaragua recibió casi 4.800 millones de dólares en préstamos blandos e inversiones de Venezuela, que fueron manejados fuera del presupuesto y sin fiscalización.
La mayor parte fue invertida en proyectos de energía, desarrollo del comercio, grupos empresariales, agricultura, construcción de viviendas y programas sociales que permitieron reducir la pobreza de 42,5% a 29,6% entre 2009 y 2014, según cifras del Banco Mundial.
Pero la crisis política y los bajos precios del petróleo afectaron la cooperación y el comercio con Venezuela, que hasta 2015 era el segundo socio en importancia de Nicaragua después de Estados Unidos.
También las «correctas» relaciones con Estados Unidos penden de un hilo. La denominada ley «NICA Act» (Condicionalidad a las Inversiones Nicaraguenses), aprobada el pasado 21 de septiembre por la Cámara de Representantes, busca impedir que Nicaragua tenga acceso a fondos internacionales hasta que promueva reformas democráticas, que garanticen elecciones libres.
De ser aprobadas por el Congreso y refrendadas por el presidente Barack Obama, las sanciones impedirían a Nicaragua recibir financiamiento de organismos multilaterales por unos 250 millones de dólares anuales, que representan 40% de la inversión pública del país.
