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La declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) generó varias reacciones, desde los que ven el inicio de una nueva etapa para la justicia hasta los que creen que puede haber una cacería de brujas.
David Morales, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, afirmó que la sentencia expresa la inconstitucionalidad de diversas disposiciones establecidas en la Ley de Amnistía.
“Han sido disposiciones infames que tuvieron el despropósito de derogar derechos que por naturaleza son inderogables a las víctimas. Podemos ver está sentencia como una conquista de las víctimas y de las organizaciones (en pro de derechos humanos) que desde 1993 han presentado demandas de inconstitucionalidad”, expresó Morales.
El procurador instó a los salvadoreños a “no atender los discursos del miedo”. “Esos discursos ya no tienen lugar a estas alturas de la construcción democrática de El Salvador, cuando estamos por arribar a 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz”, afirmó Morales.
Morales agregó que la impunidad en crímenes cometidos durante el conflicto armado “no ha estado en la amnistía que perdió su fuerza jurídica desde hace 15 años, el problema de la impunidad ha radicado en la postura de jueces y fiscales que ante los casos concretos han decidido favorecer a los represores y discriminar a las víctimas”. Por lo que para Morales, la Sentencia se convierte en “una herramienta de mayores alcances para exigir justicia”.
Benjamín Cuéllar, ex director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, analizó que “se debe destacar el lugar que se le da a las víctimas en la historia del país, quienes hasta el momento no han tenido el proceso de reparo”.
“Con esta medida va a hacer que a este país se le abran las puertas para avanzar y hacerlo normal, donde las instituciones funcionen para cualquiera, donde no haya distinción de nada. Creo que el estado salvadoreño debe ofrecer y asumir la justicia restaurativa, donde las víctimas que quieran ser escuchadas con respeto puedan hablar y que sus victimarios las escuchen y pidan perdón y sean las víctimas que decidan perdonar o no”, indicó Cuéllar. Dijo que se debe tomar con mucha prioridad el tema de las desapariciones forzadas e instó a que se crea una comisión para la búsqueda de personas desaparecidas.
El ministro de Defensa, David Munguía Payes advirtió que esto podría encaminar a El Salvador a una nueva confrontación social.
“La Ley de Amnistía de alguna manera facilitó la reconciliación nacional”, aseguró el jefe militar, pero “no quiero pensar que una derogatoria de la Ley, pudiera venir a poner de cabeza y nos pudiera enfrentar nuevamente ideológica y socialmente”.
Munguía Payés dijo que la Sala de lo Constitucional cometió “un error político” al haber declarado inconstitucional la Ley de Amnistía, porque ello “pudiera ser un retroceso en este proceso de pacificación que hemos vivido después de la firma de los Acuerdos de Paz”.
Juan Ramón Medrano, ex comandante guerrillero, hoy analista político, afirmó que la derogación de la Ley de Amnistía implica que se derrumbe todo lo establecido por los Acuerdos de Paz, puesto que la columna de los mismos fue dicha legislación.
“La resolución genera más polarización, ponen a los que estuvimos en la guerra a que se vuelvan a enfrentar”, dijo.
Ulises del Dios Guzmán, ex magistrado de la CSJ, aseguró que esta resolución arrastra a la sociedad salvadoreña al pasado, por lo que se prevén nuevos conflictos con temas del pasado. Argumentó que la Sala deja entrever que vuelve a imponer la Ley de Reconciliación Nacional, la cual estaba dedicada específicamente a dar amnistía al sector del FMLN.
