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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Después de una batalla jurídica de dos años, 79 familias de la lotificación Las Marías, cantón Santa Cruz, del municipio de Guazapa recibieron sus escrituras de propiedad, luego de haber denunciado en la Defensoría del Consumidor (DC) a los lotificadores, quienes no entregaron los títulos de propiedad, pese a que ya habían totalizado los pagos correspondientes.
Ricardo Salazar presidente de la DC indicó, que las familias afectadas acudieron en septiembre de 2017 al Centro de Soluciones de Controversias de la institución, por una serie de irregularidades con la entregan de escrituras de propiedad y denunciar el incumplimiento en el contrato de arrendamiento con promesa de venta por parte de los lotificadores.
“Luego de varios años en que la comunidad ya había cancelado las cuotas correspondientes, se enfrentó el problema que no se les estaba entregando las escrituras, y a partir de nuestra investigación se detectó que el lotificador no había comenzado los trámites correspondientes, situación que hacía mucho más grave el hecho”, señaló el presidente de la DC.
Según Salazar las personas que habían vendido los terrenos cometieron infracciones a Ley de Protección al Consumidor y a la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones para uso Habitacional al no cumplir con lo prometido, el monto recuperado asciende a 284 mil 400 dólares, equivalentes al valor total de los lotes pagados.
Mientras tanto, Miguel Ángel Cuéllar presidente de la comunidad Las Marías y una de las personas beneficiadas expresó: “nos sentimos contentos y satisfechos del trabajo hecho por la Defensoría, pues a través de esta institución los problemas comunitarios se pueden resolver. Nuestra comunidad es gente de escasos recursos económicos, y no tienen acceso a costearse por su propia cuenta un abogado o un proceso jurídico de este tipo”.
Como medida compensatoria, el acuerdo de conciliación incluye el compromiso del lotificador de introducir sistema de agua potable domiciliar para cada familia, de incumplir este acuerdo ingresaría la denuncia al Tribunal Sancionador de la DC.
